Por Valentín Varillas
Con la presentación de distintas demandas en el extranjero, en contra del fabricante y otras firmas involucradas en la construcción del helicóptero Agusta en el que murieron Rafael Moreno Valle, Martha Érika Alonso, el piloto Roberto Cope, el copiloto Marco Tavera y del asistente del entonces senador, Héctor Mendoza, el círculo más cercano, más íntimo de cuatro de las víctimas, ha matado para siempre la teoría del atentado.
Según el semanario Proceso, quieren obtener por lo menos 30 millones de dólares porque sus abogados aseguran que existieron fallas importantes en la operación de algunas de las piezas de la aeronave.
Y este simple hecho, aniquila lo que en corto y en privado han manejado de forma obsesiva, amigos, familiares, aliados y miembros del morenovallismo.
Aquello de que “sin lugar a dudas”, la muerte del ex senador y su esposa, Martha Érika Alonso, no había sido producto de un accidente.
Que manos externas –la mayoría afirmaba que por razones de tipo político- habían provocado la caída del helicóptero en el que volaban aquel 24 de diciembre del 2018.
A partir de ahí, descalificaron una y otra vez los resultados de las investigaciones que daban a conocer las autoridades en materia de aeronáutica del país.
Los mismos que, de acuerdo con la publicación hecha por la periodista Gabriela Hernández, hoy utilizan para tratar de sacarle dinero a empresas como Agusta Westland, Aero Technology y Honeywell International.
Y es que, ambas versiones son mutuamente excluyentes.
Si alguien manipuló el helicóptero para provocar la muerte de sus tripulantes, como siguen asegurando hasta la fecha lo que queda de sus incondicionales, no puede ni debe existir ninguna responsabilidad de quienes lo fabricaron.
Si de verdad están convencidos y tienen elementos para seguir defendiendo a muerte la teoría del atentado, no deberían de acudir a los tribunales a demandar a las compañías previamente señaladas.
¿Y entonces?
Se trata, simplemente, de otro caso más de conveniente esquizofrenia.
Un mal que ha aquejado a la política y el servicio público en nuestro país desde hace décadas y que en estos tiempos sigue más vivo que el Omicrón.
Por un lado, manejar una lógica específica en el discurso y al mismo tiempo, en los hechos, llevar a cabo acciones que contradicen esa lógica.
En este caso, se ensaya no por razones de “justicia” como gritaban los asistentes al funeral de los fallecidos, en un reconocimiento implícito de su creencia ciega de que habían sido asesinados.
Se busca una ventana legal que les permita tener alguna oportunidad de recuperar, aunque sea, parte de los recursos que se hubieran embolsado si la aeronave no se desploma y por lo tanto se hubiera mantenido la continuidad del grupo en lo más alto del poder político local.
¿Y la congruencia?
¿Y la ética?
Se trata de conceptos que estuvieron completamente ajenos en los 8 años de gobiernos panistas en Puebla y que no tendrían por qué empezar ahora a ser el eje rector de las acciones de quienes en su momento, directa o indirectamente, dentro o fuera del organigrama, formaron parte de ellos.
