Karina Fernández |
Tras afirmar que su gobierno rechaza cualquier práctica indebida de servidores públicos, el gobernador Miguel Barbosa presentó la Política Estatal Anticorrupción que perfila la detección y prevención de estas prácticas que impactan en la sociedad.
El mandatario estatal lamentó que actualmente los servidores públicos de cualquier orden de gobierno o poderes públicos que incurren en estas prácticas se hacen llamar perseguidos políticos para evadir sus responsabilidades.
“Debemos aplicar la ley pero ahora resulta que el que comete un delito o delitos de corrupción cuando inician los procedimientos investigatorios ya no es el presunto delincuente, es el perseguido político y ya ‘violan’ sus derechos humanos por referir que hay procedimientos legales en curso”, dijo.
En este sentido, con la colaboración de los distintos entes públicos se presentó la Política Estatal Anticorrupción a cargo de la secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, Claudette Hanan que consiste en cinco ejes de acción.
Esto mediante el fortalecimiento de las instancias encargadas en atender, investigarán y sancionar faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción; y mejoramiento de los procesos y manejos internos de gobiernos, dependencias y poderes públicos.
El fortalecimiento de mecanismos de participación de la sociedad, sector público y privado; de los canales de comunicación entre sociedad y gobierno y el impulso de una cultura de la prevención.
La secretaria técnica señaló que los objetivos están trazados para el corto, mediano y largo plazo que tendrán que verse reflejado en un descenso en los niveles de impunidad que actualmente reporta el estado, según los diagnósticos previos al diseño de política.
