Por Valentìn Varillas
Los poderes de facto, los que realmente mandan en este país, manejan invariablemente una serie de códigos para hacerse notar en las más diversas circunstancias.
Además de ellos, independientemente de la organización que se trate, los manejan con maestría los grupos rivales y sobre todo, las autoridades legalmente establecidas.
Y son distintos, dependiendo de la coyuntura que se trate.
Unos, los más cruentos y constantes, se aplican cuando existe una disputa real por un determinado territorio en donde tal o cual ilícito resulta sumamente rentable.
Otros, se aplican en momentos de definición en tiempos electorales.
Resultan mucho más sutiles, se basan en acuerdos de conveniencia mutua y se meten directamente partidos, candidatos y hasta gobernantes en funciones.
Tienen algunas veces daños colaterales.
Cuando a pesar de haber establecido claramente los términos y alcances de los amarres, algunos de los involucrados de plano no los cumplen o bien, los potenciales afectados deciden persistir en su encomienda a pesar de las inminentes consecuencias.
También rigen estos usos y costumbres cuando se dan relevos en la titularidad de diferentes niveles de gobierno.
Cuando se renuevan, redefinen o de plano se rompen los acuerdos que existieron entre los que ya se fueron y los que van a llegar.
Zacatecas vive una escalada de violencia atípica y muy extraña.
Lo extraño de la realidad que vive ese estado tal vez no tenga una valoración cuantitativa.
Delitos cometidos o número de muertos; indicadores que por la frecuencia con la que por décadas han llenado los espacios principales de los medios de comunicación del país, nos han adormecido, anestesiado como sociedad.
El asesinato, la muerte violenta, el terror como parte de nuestra cotidianidad y la terrible consecuencia de haber perdido ya la capacidad de indignación ante lo que vivimos.
Pero en Zacatecas, la forma es lo que llama la atención.
Morena llegó a gobernar este año a través de David Monreal, echando fuera al PRI, que levaba dos sexenios al frente del ejecutivo estatal.
Juran los que saben que, a pesar de esto, ellos han sido por décadas quienes llevan mano en el manejo de los inevitables acuerdos a los que hay que llegar para garantizar aquello que llaman “gobernabilidad”.
Con un gobierno federal también de Morena y con un Ricardo Monreal en teoría siempre en el círculo íntimo de López Obrador, lo más lógico sería tener la plaza bajo control.
Y no ha sido así.
Al contrario.
Se ha hecho todo lo posible porque a nivel nacional se venda a Zacatecas como un auténtico foco rojo en materia de seguridad pública.
Pareciera una estrategia perfectamente definida para mandar el mensaje en términos de opinión pública y publicada.
Las imágenes de los colgados en los puentes que son parte de las vialidades más concurridas en diversas zonas del estado no son producto de la casualidad.
Van mucho más allá de las famosas “narcomantas” o de la aparición por momentos de encobijados y encajuelados.
Aquí se ha montado un grotesco show que, más allá de quien sea el emisario, es evidente que en los hechos afecta la imagen del gobernador Monreal.
Y de paso, de su hermano, el líder de la bancada de Morena en el senado.
El mismo que ha cuestionado y descalificado el proceso de selección del candidato presidencial que utilizará su partido para el 2024.
El mismo que ha sugerido que, más allá de las filias, las fobias y los deseos de López Obrador, él aparecerá, como sea, en aquella boleta.
Reza aquel refrán, producto de la sabiduría popular, que en política no hay coincidencias.
Sería muy poco probable, prácticamente imposible, que Zacatecas fuera la excepción que confirma la regla.
