Por Valentín Varillas
Al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, parecía que iba en serio aquello de terminar con las bandas dedicadas al robo de combustible de Petróleos Mexicanos.
Desde varios frentes oficiales, se generaron acciones y protocolos para el combate en dos vías, la de la ordeña de los ductos, hasta la venta final al consumidor.
El ejército mexicano recibió órdenes de acampar de manera permanente en zonas cercanas a donde pasan los ductos en los estados de la República en donde más se comete este delito, con el fin de inhibir de manera importante la ordeña.
En el caso de Puebla, cientos de militares llegaron a los municipios que integran el famoso Triángulo Rojo para contener el ilícito.
Al mismo tiempo, los operativos para detectar la venta de gasolina y diésel ordeñados, en estaciones legalmente establecidas, no solo se intensificaron sino que se hicieron con una estridencia pocas veces vista.
Además de la Profeco, en algunos de ellos participaban elementos de la Fiscalía General de la República Guardia Nacional, del Servicio de Administración Tributaria y de las Fuerzas Armadas y elementos del Laboratorio de Pemex, la instancia encargada de realizar las pruebas de “calidad” que se aplican para diferenciar el combustible legal del robado.
Y aquí es en donde tendría que salir el peine.
El SAT juga un papel fundamental en la revisión del famoso Control Volumétrico.
Aquel que simplemente verifica que coincidan las compras oficiales que se hacen a la paraestatal y las ventas que cada una de las estaciones realiza.
Al ser Pemex el único proveedor, este sistema de control no tiene falla alguna, al menos que, desde la propia paraestatal y con la complicidad de la autoridad fiscal, se hagan de la vista gorda para llevarse una parte del gran pastel que significan las ganancias del huachicol.
Si las auditorías de calidad del combustible que se vende en las franquicias que operan con la marca y el logo de Petróleos Mexicanos, se detectarían miles de litros de gasolina y diésel “chuecos”, que se venden con toda impunidad, diariamente, en todo el país.
Ni siquiera es un esquema medianamente complicado.
Si hubiera la voluntad, sería muy fácil de detectar.
Algo muy similar sucede con la operación de las gaseras y su descarada venta de combustible robado.
Auditorías simples a sus niveles de compras a Pemex, comparado contra sus ventas al público, arrojarían las pruebas necesarias para proceder contra ellos.
Por cierto, especialistas en el tema energético han alertado que una consecuencia real que podría traer aquella absurda medida tomada por el gobierno federal de establecer un precio máximo al gas LP, será el posible aumento exponencian en el robo y ordeña de ductos.
Al limitar el margen de ganancia, empresas establecidas de supuesto “prestigio” podrían recurrir al “huachigas” como estrategia de supervivencia en el mercado.
En el tema del “huachicol” y “huachigas”, en verdadero enemigo está adentro, incrustado en las entrañas de diversas instancias del servicio público.
Desde el reclutamiento de personal técnicamente calificado que pasan a las filas de la delincuencia organizada, hasta quienes llevan las riendas de los órganos de control interno que deberían ser un contrapeso efectivo a la comisión de este delito.
Lo dicho: el enemigo está en casa y combatirlo en medio de esta complicada realidad, parece una labor más que titánica.
