Por Valentín Varillas
El nombramiento más esperado en el gabinete de Eduardo Rivera no se ha concretado todavía.
La Secretaría de Seguridad Pública municipal es un tema de altísima prioridad en la agenda del próximo gobierno de la capital y resulta también fundamental en las relaciones con el gobierno del estado.
En el contexto de llevar a cabo una estrategia integral de combate a la delincuencia en donde se involucren de forma efectiva los tres niveles de gobierno, la revisión de perfiles y propuestas no debe ser un tema que involucre únicamente y exclusivamente a quienes llevarán las riendas del ayuntamiento de Puebla los próximos tres años.
Nada tiene que ver lo anterior con un mal entendido concepto de “autonomía”.
Abrir el nombramiento a la opinión y sugerencias de instancias –públicas o privadas- no le quita facultades ni debilita al municipio, además de ser una práctica muy socorrida desde hace décadas en el el servicio público de este país.
Es más, quienes públicamente se rasgan las vestiduras al grito de ¡sumisión! se les olvida que, en su momento, su jefe político, Rafael Moreno Valle, consultó con el entonces presidente Felipe Calderón el nombramiento de su primer Secretario de Seguridad Pública.
El jefe del ejecutivo federal hizo lo propio con uno de sus hombres de mayor confianza, Eduardo Medina Mora, quien no dudó un instante al momento de recomendar a Ardelio Vargas Fosado para el cargo.
Trabajaron juntos cuando el primero fue, de 2000 a 2005, Director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y el poblano Director de Seguridad e Investigación del CISEN.
Más allá de lo acertado o desatinado de la decisión, ésta se abrió más allá del estricto ámbito de influencia del entonces gobierno estatal.
En Puebla, hemos visto con toda contundencia la infiltración de la delincuencia en las instancias de seguridad municipal.
Los casos más claros están en los municipios que conforman el llamado Triángulo Rojo, en donde hasta los propios alcaldes responden a los intereses del crimen organizado.
En la capital, es famoso también el caso de “La Hermandad”.
Este grupo, que en varias administraciones municipales tuvo el control absoluto de la seguridad pública, llevando a cabo pactos inconfesables con la delincuencia para beneficio personal de la élite que la dirigía.
Imposible pensar en el regreso de aquellos tiempos oscuros.
De ahí la importancia de “blindar”, a manera de lo posible, el nombramiento del próximo titular de Seguridad Pública, abriéndolo a propuestas y sugerencias que estén al margen de colores, partidos e intereses personales o de grupo.
Mucho es lo que está en juego.
