Por Valentín Varillas
Cada vez se hace más delgada la línea que divide a la autoridad municipal de las bandas dedicadas al crimen organizado.
Sucede a lo largo y ancho del país y Puebla no es la excepción.
Y en términos estrictos de fecha calendario, sucede ya desde hace algunos sexenios.
Cómo olvidar el sonado caso de Rubén Gil “El Gavilán”, edil de Izúcar de Matamoros, quien fue detenido por las autoridades norteamericanas acusado de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Traficaba droga para esta organización delictiva, de acuerdo con investigaciones llevadas a cabo en ese país.
Murió en una cárcel de California mientras purgaba su condena.
Difícil que el gobierno estatal, el de Mario Marín, no supiera de estos pactos inconfesables, sobre todo porque el titular de Finanzas de esa época, Gerardo Pérez Salazar, hizo depósitos por un millón 817 mil 53 dólares a la cuenta de Empresarios Comerciantes Poblanos L.L.C, propiedad del ex alcalde de Azúcar de Matamoros, Rubén Gil, alias “El Gavilán”.
El periodista Alejandro Mondragón publicó que “de acuerdo con la colaboración del gobierno de Estados Unidos, hubo una serie de triangulaciones y pagos de supuestos “eventos” y coberturas mediáticas, a través de la empresa televisiva Univisión, los cuales después fueron depositados en alguna cuenta en Los Ángeles, California, a nombre del ex presidente municipal de Izúcar, detenido en la Unión Americana, acusado de ligas con el narcotráfico”.
En tiempos de los gobiernos panistas, presidentes municipales de comunidades ubicadas en el famosos “triángulo rojo”, ayudaron al crecimiento exponencial del huachicol.
En este periodo, el número de tomas clandestinas ha creció en un 3152% en el estado y del 2014 al 2018, el incremento fue del 496 %.
Imposible pensar que esta realidad no obedezca a la más descarada complicidad oficial.
Quedan como evidencia los procesos legales en contra de Pablo Morales Ugalde, ex edil de Palmar de Bravo.
También los de Rafael Núñez en San Martín Texmelucan.
¿O qué tal los de los Valencia Ávila en Venustiano Carranza?
También los fallidos operativos que jamás dieron resultado.
Por ejemplo, los que en teoría se llevaron a cabo para la detención de personajes como “El Bukanas” o “El Toñín”, piezas clave en el esquema delictivo del huachicol poblano.
El tufo del involucramiento de autoridades de todos los niveles en el esquema de protección de los capos huachicoleros fue evidente.
En este contexto, no extraña el marcaje personal que el actual gobierno estatal ha ensayado y ensayará sobre algunos ediles.
Romper la cadena perversa de complicidades entre autoridades y delincuentes es uno de los puntos centrales en la estrategia de seguridad que busca implementar Miguel Barbosa.
Más allá de susceptibilidades y de quienes mañosamente se escudan en la figura de la autonomía municipal, la cero tolerancia a pactos inconfesables es el eje rector de lo que será la relación entre la autoridad estatal y los ediles entrantes.
Que entienda quien quiera y pueda entender y que se sujete al juicio de la historia quien de plano no lo comprenda.
