Por Valentín Varillas
El dictamen técnico llevado a cabo por la CMIC, en torno a los falsos puentes “atirantados” hechos en el sexenio de Moreno Valle, arrojó lo que de sobra se sabía.
Alrededor de su construcción hay falacias, engaños, medias verdades y sobre todo, mucha corrupción.
Ha quedado claro que lo que se vendió en el discurso y lo que se ejerció en el presupuesto, no corresponde a los proyectos ejecutados.
En julio del 2019, en este mismo espacio, se publicaron datos reveladores sobre el puente Carlos Camacho Espíritu.
Como ya lo confirmó la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la obra se publicitó como un “puente estructural”, cuando en realidad su sistema de tirantes tiene únicamente funcionalidad estética y no estructural.
Bajo esa falsa premisa, su costo fue de $337.7 millones de pesos, es decir, 2.3 veces más que otros puentes no estructurales construidos en el mismo tiempo en el municipio de Puebla.
Negociazo.
Además de lo anterior, la entonces Secretaría de Infraestructura decidió no llevar a cabo licitación alguna, no respetando las etapas previstas por la ley para la adjudicación de este tipo de proyectos.
Las empresa GH Anderl Consulting and Construction SA de CV fue la beneficiada.
Esto, a pesar de que el artículo 43 de la Ley de Obra Pública y Servicios establece que las adjudicaciones directas se justifican únicamente cuando “peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la seguridad pública o el ambiente de alguna zona o región del estado, como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales”.
La Secretaría de Infraestructura validó un proyecto inexistente, autorizó el pago de este supuesto proyecto sin que, lógicamente, se hubiera entregado y le entregó 264 millones de pesos a la empresa, es decir, el 96% del total contratado, sin que existiera siquiera el proyecto ejecutivo.
De locos.
Por si fuera poco, de acuerdo con el currículo presentado por la propia empresa, como requisito para participar en esta ventajosa “invitación”, se concluye que no contaba siquiera con el perfil técnico requerido para llevar a cabo este tipo de obra.
En este contexto, es evidente que en la realización de este proyecto de infraestructura, no se cumplieron, ni de cerca, los criterios de legalidad y honestidad mínimos considerados en la ley.
Y esto es apenas la punta del iceberg.
Los cimientos de la supuesta Puebla moderna se hicieron vendiendo espejitos pero sobre todo, saqueando descaradamente las arcas públicas del estado.
Un auténtico castillo de naipes que va cayendo, poco a poco, con el simple paso del tiempo.
