Por Alejandro Mondragón
Una vez más la polarización política en este país, donde la mitad de mexicanos detesta a la otra parte.
La consulta para enjuiciar a los expresidentes dividió en dos posturas a México: sí a votar, no a sufragar.
Se pierde de vista que se trata de un ejercicio político, en el que se pretende cerrar la puerta a la impunidad de quienes gobernaron a este país.
Lo jurídico dependerá de que se alcance el porcentaje de votación por el sí para que sea vinculante.
La consulta pasó todos los escenarios del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. De hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reformuló la pregunta, le quitó nombres y apellidos, además de referencias especificas para quedar en una interrogante que no dice nada.
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Lo cierto es que por vez primera está en manos de los mexicanos ordenar a las autoridades que investiguen a los expresidentes: Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
La oposición a la 4T alega que sancionar a los exmandatarios es una tema jurídico, no político, pero para llegar a lo primero, debe ocurrir lo segundo. La voluntad es fundamental.
De ganar el sí, ¿entonces por quién empezar o todos juntos? Es la pregunta que por supuesto definirá si nos tomaron el pelo o de plano abrimos la puerta para que los siguientes presidentes, que serán ex, como Andrés Manuel López Obrador, sea sometido a la misma consulta en un futuro.
Son tiempos inéditos, a los que nos guste o no, tendremos que acostumbrarnos.
Y resulta que el balón está en la cancha de los ciudadanos, amén de que será el Instituto Nacional Electoral, no Presidencia, la que controla este proceso.
Eso marca una enorme diferencia.
