Por Valentín Varillas
528 millones de pesos se gastarán del erario federal en llevar a cabo una consulta popular para saber si el pueblo bueno y sabio de este país quiere llevar a tribunales a servidores públicos del pasado.
Especialmente a los ex presidentes.
En el contexto del austericidio que hoy se practica en el servicio público federal y el sentimiento casi unánime de rechazo a quienes en su momento tuvieron la oportunidad de llevar las riendas del país, el ejercicio parece a simple vista estéril, inútil, innecesario.
Sin embargo, si partimos del hecho de que el objetivo es simplemente de promoción personal para fines políticos, el tema cobra mucho sentido.
La consulta no es asunto de combate a la corrupción, a la impunidad, mucho menos de aplicación de la ley o de cumplimiento al estado de derecho.
Si existieran los elementos suficientes, las pruebas para que la Fiscalía General de la República iniciara los procedimientos jurídicos en contra de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón o Peña, ya se hubiera actuado en consecuencia.
Hacerlo, hubiera subido los bonos presidenciales hasta las nubes.
Al no tener bien amarradas las pruebas o bien, al no existir la intención real de terminar con los tradicionales pactos de impunidad transexenal, hay que montar toda una puesta en escena.
Un burdo teatro que tiene como objetivo único mantener vigente y presente la figura de López Obrador, de cara al proceso de revocación de mandato que se va a llevar a cabo el próximo año y sentar las bases de lo que será la elección presidencial del 2024.
Y es que, después del proceso del 6 de junio pasado, ha quedado claro que todo, absolutamente todo lo que a Morena y sus aliados se refiere, gira en torno de la figura de AMLO.
El es, ha sido y será el activo principal del partido.
Y de sus dichos, acciones, polémicas y demás, va a depender su futuro.
El tema de la consulta le permite horas y horas de perorata.
De insufribles mañaneras en donde se nos recordará su supuesto compromiso de combatir la corrupción y la impunidad.
Más allá de lo que suceda el 1 de agosto.
Eso es lo de menos.
Ya se acomodará el discurso a lo que se viva el día de la consulta, como se ha hecho con otros temas importantes de la agenda nacional desde el inicio del sexenio.
De esta manera, se tiene el pretexto discursivo perfecto para mantener un contacto permanente con los ciudadanos y seguir en su eterna campaña.
La que nunca ha dejado, de la que jamás se ha bajado.
Esta farsa de consulta viene como anillo al dedo a la estrategia obsesiva de culpar al pasado de todos los males que aquejan al país y dejar a un lado el balance sobre los enormes yerros y omisiones que han caracterizado al gobierno de la 4T.
La aprobación presidencial reporta una caída sistemática mes con mes: 18 puntos porcentuales desde el inicio del actual gobierno y los asesores y estrategas presidenciales necesitan echar toda la carne al asador para los dos coyunturas importantes que vienen en la agenda política de Palacio Nacional.
¿Qué más da si existen otras prioridades presupuestarias?
¿Qué importa si los hospitales y clínicas del sector Salud sufren de desabasto?
De acuerdo a la óptica de un presidente que jura priorizar a los pobres en sus decisiones y acciones, los enfermos y derechohabientes de instituciones públicas, por muy graves que estén, pueden esperar.
