Los recientes hechos entre Ecuador y Colombia, vinculados con las FARC, confirmaron porqué las autoridades mexicanas le revocaron la licencia de funcionamiento a Casa de Cambio Puebla, y con ello se fortalece con pruebas el proceso que se sigue a los involucrados, desde noviembre del año pasado.
Si alguien pensaba que el asunto de Casa de Cambio Puebla (CCP) estaba estancado, y que las autoridades mexicanas no avanzaban en las investigaciones, pues con el asunto de los estudiantes mexicanos que estaban en el campamento de las FARC en Ecuador, que fue bombardeado por tropas colombianas el pasado 1 de marzo, se sumaron más pruebas al expediente de la empresa que sirvió de medio para financiar actividades terroristas.
Cuando se realizó el operativo sorpresa en CCP el 8 de noviembre de 2007 por la SIEDO, PGR, y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el comunicado que emitió la Procuraduría General de la República señaló, entre otros aspectos, que al realizarse una visita de investigación “se detectaron numerosas infracciones a las disposiciones de carácter general que le son aplicables en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo”.
La atención del público, en ese momento, se centró solamente en las actividades de lavado de dinero y el vínculo con el cártel del Chapo Guzmán, realmente casi nadie prestó atención al señalamiento sobre el terrorismo.
Pero resulta que al descubrirse que había mexicanos en Ecuador, la Procuraduría General de la República (PGR) fortaleció una de sus líneas de investigación que mantenía desde noviembre pasado: la conexión de colombianos-mexicanos-Chapo Guzmán y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Hay que recordar que en noviembre, además de la revocación de licencia a CCP, a los pocos días en la ciudad de México se detuvo a un grupo de colombianos ligados con las FARC, algunos eran miembros de la estructura financiera del cártel del Valle del Norte de Colombia, que eran el enlace entre las FARC y capos de su país, con la Federación, alianza de cárteles de Sinaloa y Juárez que lidera Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Incluso un juez federal mexicano ordeno de inmediato el inicio del juicio penal en contra de seis de los colombianos detenidos por estar ligados con las FARC y por haber “lavado” 50 millones de dólares en nuestro país.
La PGR en su momento documentó que los colombianos y los lavadores de dinero del Chapo utilizaron a Casa de Cambio Puebla para sus operaciones
Y el pasado 15 de marzo, el periódico El Universal publicó que “el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, reconoció: con respecto a la presencia de mexicanos en el campamento (de las FARC) hay una averiguación previa abierta, con base en el artículo cuatro del Código Penal federal, para esclarecer el origen del financiamiento que recibieron los estudiantes mexicanos para estar en el campamento de las FARC en Ecuador.”
Hasta el momento no se sabe mucho cómo va esa averiguación, quién o quienes financiaron este viaje y estadía de un mes en Ecuador, cómo se hicieron los pagos, quiénes fueron los contactos, y de cuánto fue ese apoyo económico.
Pero de lo que resulte, es posible que se acumule al expediente de CCP, y a los ahora detenidos, como Pedro Alfonso Alatorre Damy o Pedro Barraza Urtusuástegui alias “El Piri”, quien era gerente de CCP en la ciudad de México y a la vez operador financiero del Cártel del Pacífico.
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