Por Alejandro Mondragón
Muy mala señal para la oposición (PAN, PRI y PRD) que en el arranque de las campañas electorales, sus dirigentes salgan a defender a candidatos que cometieron delitos y son investigados.
Por supuesto que el quehacer jurídico se puede politizar en este proceso, pero no cabe duda que aún no han aprendido que los tiempos ya cambiaron.
A Jesús Giles, candidato a alcalde por Ocoyucan, se le acusa e investiga desde hace meses por obtener un título patito, al amparo del poder morenovallista.
Luis Cobo, abanderado a diputado por Tehuacán, se le detuvo por despojo contra ejidatarios.
Dos denuncias puntuales que incluso el propio gobernador Luis Miguel Barbosa había advertido que los partidos se abstuvieran a postular candidatos con denuncias delictivas.
Peeeero ignoraron todo y ahora denuncian persecución. Y como están las indagatorias sobre otros personajes está claro que irán cayendo como moscas electorales.
Tampoco Morena se salva. Desoyó la advertencia y propuso como candidato a alcalde de San Pedro Cholula, al impresentable de Julio Lorenzini, quien además de todos los señalamientos de corrupción en su contra, súmele acusaciones graves por delitos sexuales.
Otro es Mauricio Toledo. Morena lo mandó como su carta a legislador por San Martín Texmelucan, donde ni lo conocen en persona, salvo sus fechorías cometidas en su paso como jefe delegacional en la Ciudad de México, las cuales son también investigadas.
En otros tiempos, las acusaciones contra candidatos serían utilizadas para la campaña negra o empleadas en los debates. Ahora, las cosas cambiaron y los procesos legales siguen.
Las candidaturas, señoras y señores, no les dan una patente de corso (documento entregado por las autoridades de un territorio, por el cual el propietario de un navío tenía permiso de la autoridad para atacar barcos y poblaciones de naciones enemigas) para salir impunes.
Por eso, los dirigentes de los partidos que tanto se quejan tendrían que poner el ejemplo: entregarse, podría ser una buena opción.
