Por Alejandro Mondragón
Los tiempos del garrote político reaparecieron tan campantemente en Puebla.
La Auditoría Superior del Estado ejecuta 180 revisiones fiscales a ayuntamientos; buena parte de la fiscalización tiene el carácter de forense.
En la era dinosáurica del PRI se acuñó la frase de “garrote político”, porque el poder en turno usaba su capacidad para revisar el dinero público como un arma de presión, chantaje o venganza contra rivales, alcaldes o gobiernos incómodos, en lugar de actuar con neutralidad.
Ahora como ayer, se eligen qué cuentas revisar y a quién investigar, según la conveniencia del gobierno.
En épocas electorales, los resultados de las revisiones son empleadas por el poder para que los titulares de las áreas fiscalizadas se ajusten al criterio: coopelas o cuello.
Pero también existen evidencias que sirven para bajar contrincantes, someterlos a los intereses de grupo o pretenden descalificarlo mediáticamente.
Sí, se filtra a los medios que tal exalcalde o edil incurrió en malos manejos para el sacrificio ante la vox populi.
Ahora se realizan auditorías forenses que se extienden incluso hasta proveedores de servicios y empresas responsables de la obra pública.
Entre los municipios en plena cacería figuran Puebla capital, San Andrés Cholula, Atlixco, Coronango, Cuautlancingo, Tehuacán, San Martín Texmelucan, Huauchinango, Zacatlán, Amozoc.
Ayuntamientos gobernados por Morena y aliados, aunque de equipos políticos contrarios; y opositores como San Andrés Cholula, cuya revisión cuenta con la complicidad de la dirigencia del PAN en Puebla.
Mientras a San Andrés y Puebla se impone el principio juarista de la Ley a secas, a Acatlán de Osorio toca la Ley y gracia.
