Por culpa de una deshonesta funcionaria de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, una señora de 89 años podría morir si haber cobrado nunca el monto de su indemnización, no obstante que desde hace casi una década, cuenta con una sentencia a su favor en la que se condena a su antiguo patrón, al pago de todas las prestaciones de ley.