Por Valentín Varillas
Sabedor de los hechos de corrupción que llevó a cabo durante el sexenio de Mario Marín, el ex secretario de finanzas Gerardo Pérez Salazar, inmediatamente después de haber terminado sus responsabilidades en el servicio público, buscó asesoría legal al más alto nivel.
Veía venir los oscuros nubarrones, con la llegada de Rafael Moreno Valle al poder.
Así fue como llegó hasta la Colonia Lomas de Chapultepec, concretamente al número 520 de la calle Virreyes.
Ahí, operaba el despacho legal propiedad de Diego Fernández de Ceballos, el famoso “Jefe Diego”, quien tenía como socios a dos ex procuradores generales de la República: Antonio Lozano Gracia y Arturo Chávez Chávez.
En aquel 2011, era la mejor defensa legal a la que alguien podía acceder en este país.
Y no cualquiera les llegaba al precio.
Cuentan los enterados, que los abogados tasaron en 100 mil pesos cada reunión para definir la estrategia jurídica a seguir en su defensa y la nada despreciable cantidad de 2 millones de dólares, si logran librar a Pérez Salazar de la cárcel.
Y es que, el ex funcionario estatal tenía muchas razones para estar preocupado.
Un muy extenso expediente en poder del morenovallismo, documentaba operaciones irregulares realizadas por el funcionario en su paso por la administración pública local.
Contenía información en donde se demostraba cómo se destinaron cerca de 3 mil 500 millones de pesos del presupuesto estatal, para realizar inversiones de alto riesgo.
Buscaba generar una utilidad por los rendimientos de dichas inversiones, algo que está prohibido por ley.
Los recursos fueron destinados a Vector, Casa de Cambio que años atrás había sido dirigida por el propio Pérez Salazar, sino que su esposa Margarita Rojas, fungía como ejecutiva de la empresa.
Ella tenía la titularidad indiscutible de la cuenta del gobierno del estado y por concepto de “comisiones por manejo”, cobró 26 millones de pesos.
El otro tema, que era competencia de las autoridades federales tiene que ver, como en su momento lo publicó Alejandro Mondragón, con actividades relacionadas con el delito de “lavado de dinero”.
Se trata de depósitos por un millón 817 mil 53 dólares a la cuenta de Empresarios Comerciantes Poblanos L.L.C, propiedad del ex alcalde de Izúcar de Matamoros, Rubén Gil, alias “El Gavilán” detenido en una prisión de Los Ángeles, California, señalado por haber conspirado para distribuir 11 kilos de cocaína en Nueva York.
Fue la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, quien lo detuvo y presentó ante una corte federal.
Según Mondragón, “de acuerdo con la colaboración del gobierno de Estados Unidos, hubo una serie de triangulaciones y pagos de supuestos “eventos” y coberturas mediáticas, a través de la empresa televisiva Univisión, los cuales después fueron depositados en alguna cuenta en Los Ángeles, California, a nombre del ex presidente municipal, detenido en la Unión Americana, acusado de ligas con el narcotráfico”.
Así, de ese tamaño.
Imposible saber si al final, Pérez Salazar se convirtió realmente en cliente del despacho de Fernández Ceballos.
Los acuerdos de confidencialidad a ese nivel, son prácticamente inviolables.
Lo cierto es que, a diferencia de muchos personajes que fueron parte importante del gobierno de Mario Marín, que en los últimos días han perdido el sueño y el apetito, se le ve tranquilo, muy tranquilo, como si no hubiera dejado una estela de corrupción enorme a su paso por aquella Secretaría de Finanzas.
