Por Valentín Varillas
Poco después de haber terminado aquel sexenio, Ricardo Velázquez, asesor jurídico de Mario Marín, puso sobre su escritorio una lista con el nombre de varios despachos de abogados expertos en litigar, internacionalmente, casos relacionados con la tortura y las violaciones a los derechos humanos.
Representaban por igual, tanto a víctimas como a victimarios.
En su lógica, el abogado pensaba que, más allá del país, de alguna manera tenían que contar con algún tipo de defensa legal en tribunales como la Corte Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás.
La tendencia mundial en términos de la comisión de este delito, cambiaban de manera constante y afortunadamente, siempre a favor de los derechos y la protección de las víctimas.
El Protocolo de Estambul se modificó, una y otra vez, siempre intentando ampliar la esfera de conductas y hechos que podían considerarse como “tortura”, llevados a cabo por gobernantes, servidores e instituciones públicas.
A la par, se tenía como un objetivo prioritario el lograr la no prescripción de estos delitos.
Que los acusados, por más años que pasaran pudieran ser llevados ante la justicia y buscados hasta en el último rincón del planeta.
Y así fue.
Al final, el tiempo le dio la razón.
Sin embargo, Mario Marín jamás quiso seguir sus consejos.
“No voy a invertir tiempo y millones en una cosa juzgada”- contestaba cada vez que alguien opinaba que estaba sentado en una auténtica bomba de tiempo.
La soberbia, la maldita soberbia.
Confiado en los siempre endebles pactos políticos, permanentemente desdeñó el tema legal.
Pensó en su momento que, haberle entregado el estado al calderonismo, a cambio del voto a favor de los ministros de la Suprema Corte, era suficiente.
Después, en su bizarra lógica, sintió que muerto Moreno Valle, no había ya ninguna necesidad de honrar los acuerdos que en su momento le garantizaban impunidad.
Otro error monumental en la enorme cadena de yerros que, desde su propia génesis, fueron la constante en el caso Lydia Cacho.
La detención de Meneses cimbró a quienes en su momento fueron parte importante del grupo político de Mario Marín.
Entendieron que el ajuste de cuentas con el pasado va mucho más allá que el tema de la periodista.
¿Quiénes se prepararon legalmente para enfrentar lo que viene?
¿Quiénes, como el ex gobernador, pecaron de exceso de confianza y creyeron que sus pecados también eran ya “cosa juzgada”?
Pronto, muy pronto se sabrá.
