Por Valentín Varillas
La nota en Reforma la semana pasada fue durísima, demoledora y pone enormes signos de interrogación en términos de la honestidad con la cual se manejan los programas más importantes que conforman la política asistencial del actual gobierno federal.
Aunque se opacó por asuntos de mayor impacto mediático como la captura de Mario Marín, el tema debe de preocupar, a todos, pero especialmente a quienes prometieron ser completamente diferentes a los anteriores en los usos y costumbres del poder.
Muy distintos, decían a quienes por décadas saquearon sin pudor las arcas del erario.
En la publicación, se detalla la logística con la cual se desvían recursos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en el estado de Nuevo León.
Están involucrados servidores públicos y aspirantes a cargos de elección popular ligados a Morena.
Según el medio, ellos han generado un esquema de redes mediante para “inscribir por su cuenta a jóvenes en el programa y apoderarse de gran parte del dinero de su becas”.
Para lograrlo, echan mano de negocios establecidos quienes supuestamente ofrecen empleo a estos jóvenes.
De esta manera acceden a sus datos personales y así los inscriben en este programa asistencial.
Las tarjetas, mediante las cuales se entregan los apoyos, están siempre bajo el control de quienes operan la red y únicamente una parte del dinero prometido llega realmente a los inscritos.
Un robo al despoblado.
En el reportaje de Reforma, se nos recuerda que, en el 2019 y el 2020, Jóvenes Construyendo el Futuro recibió más de 50 mil millones de pesos del presupuesto federal.
Un dineral.
En resumen, el programa diseñado para que mexicanos entre 18 y 29 años que ni estudian ni trabajan, recibieran un apoyo económico mientras se capacitan para desempeñar un oficio, está siendo utilizado para el enriquecimiento personal de un grupo de vivales con ligas probadas con el partido en el poder.
La pieza periodística rebela lo que sucede en un estado en específico, pero no seamos ingenuos, este modelo de “negocio” puede fácilmente aplicarse a cualquier entidad de la República.
El potencial del negocio es altísimo; imposible saber a estas alturas si el monto puede compararse con lo robado en el sexenio de Peña con la famosa Estafa Maestra, pero de entrada, existen espantosas similitudes en la logística de operación.
A este gobierno le faltan casi cuatro años y debido a su alta rentabilidad electoral, este tipo de programas se van a mantener a rajatabla en lo que resta del sexenio y cada vez con más presupuesto, como ha sucedido en este 2021.
Seguramente, a partir de que se ha hecho público lo anterior, desde el discurso oficial vendrán todo tipo de descalificaciones al medio y a los autores de la investigación.
Sin embargo, más allá de filias y de fobias, el reportaje debería de ser una llamada de atención para el gobierno federal, un foco rojo que debería de atender de manera inmediata.
No estaría de más que se revisara la forma en la cual están siendo operados estos programas y se verifique que los recursos realmente estén llegando,, completos, a quienes cumplen con los requisitos para recibirlos.
Hay que acordarnos que, en teoría, este gobierno puede fallar en todo menos en el tema de la honestidad: la bandera que enarboló por años el hoy presidente y la razón principal por la que obtuvo los votos de más de 30 millones de mexicanos.
