Por Valentín Varillas
Todo tipo de presiones recibió el gobierno de la Ciudad de México, para evitar el cierre de la Basílica de Guadalupe el próximo 12 de diciembre.
Los sectores más extremos del ultra-conservadurismo nacional hicieron de todo con tal de lograr que el recinto permaneciera abierto, a pesar de la pandemia.
Se trata de grupos con un peso importante en la toma de decisiones adentro y afuera del mundo eclesiástico mexicano.
Mecenas que invierten cantidades millonarias de dinero a cambio del enjuague de sus conciencias y que además, se han beneficiado históricamente a través de la influencia que hoy tienen en el siempre rentable negocio de la salvación de las almas.
Uno de sus mitos fundacionales es precisamente el de la aparición de la guadalupana en el cerro del Tepeyac y su impresionante capacidad de convocatoria.
Y hay que reconocer que lucharon hasta el final y apretaron de tal forma, que pusieron en un gran aprieto a la administración de Claudia Sheinbaum.
Por eso, hubo titubeos drásticos en el gobierno de la capital.
Y es que, desde hace semanas, prácticamente después de las celebraciones de “muertos”, las autoridades eclesiásticas habían anunciado públicamente el cierre de la basílica, anuncio que venía acompañado de una recomendación de llevar a cabo cualquier manifestación de fe, desde el ámbito privado.
El fin de semana, ellos mismos manejaron otra realidad: la de abrir el recinto por un período de tres días, implementando como única medida preventiva el acceso controlado de fieles y la imposición del uso obligatorio de cubrebocas y gel antibacterial.
El pensar siquiera el llevar a cabo un acto multitudinario, con una concentración potencial de cerca de 9 millones de personas en un mismo lugar, en medio de una pandemia que ha dejado como saldo en el país más de un millón de contagiados y más de cien mil muertos es, por decir lo menos, un acto criminal.
Por si fuera poco, los indicadores diarios son muy poco alentadores.
Los contagios y decesos muestran una consistente y preocupante tendencia a la alza, lo que adelanta una realidad muy complicada para las próximas semanas.
Además, el virus ha obligado a la determinación oficial del cierre de hoteles, bares, restaurantes y todo tipo de comercios ¿por qué tendría que haber sido diferente con la basílica de Guadalupe?
¿Por un asunto de fe?
Más bien porque, entre los opositores al cierre están quienes siempre han gozado de un marco jurídico de excepción que les permite hasta la fecha gozar de los más amplios privilegios.
El Covid-19 ha obligado al mundo a replantearse sus usos y costumbres desde todos los aspectos: médico, social, laboral, tradicional y demás.
Modificarlos en lo religioso no atenta en contra de ninguna divinidad, ni mucho menos afecta la fe de los creyentes.
Se trata, apenas, de una medida responsable encaminada a evitar más enfermedad y muerte en un país que tiene hoy una de las tasas más altas de mortalidad por la pandemia en todo el mundo.
El primero, por cierto, en número de decesos entre los profesionales de la salud.
Bien por el gobierno de la capital que resistió los embates de quienes, históricamente han privilegiado sus intereses por sobre todas las cosas, sin importarles nada más, sintiéndose además poseedores del monopolio de la espiritualidad nacional.
