Karina Fernández |
El gobernador Miguel Barbosa Huerta reconoció que en la época del morenovallismo, la Contraloría no cumplió con la tarea de sancionar a los funcionarios públicos que incurrieron en algún daño patrimonial.
Sin embargo admitió que su gobierno no tiene en ruta investigaciones ni castigo para los ex contralores cómplices del quebranto de 600 millones de pesos que se registró entre 2011 y 2016 dado a conocer por el periodista Alejandro Mondragón.
El mandatario estatal consideró que hasta ahora Puebla cuenta con una secretaria de la Función Pública (antes Contraloría) con la capacidad para abordar sus funciones de manera plena.
“ Nuestra titular de la función pública es una experta auditora que desempeñó como directora de Auditoría en el SAT y que abundará en el estudio y estará verificando que las acciones de gobierno sean en apego a la ley y que me revise cosas para los ciudadanos, para la justicia”, dijo.
Sostuvo que será válido investigar y fincar responsabilidades contra quienes tuvieron que vigilar la buena marcha de un gobierno, y no lo hicieron; desde Patricia Leal hasta Rodolfo Sánchez Corro.
De acuerdo con el análisis dado a conocer en la columna de Al Portador, entre 2011 y 2016 se debieron recuperar recursos por 600 millones de pesos del financiamiento de responsabilidades resarcitorias administrativas de irregularidades presupuestales federales, pero no se aplicaron.
“La función de la contraloría, hoy de la Función Pública, es verificar que los procedimientos en el ejercicio de la autoridad por parte del gobierno sean ajustados a la ley, ¿dónde estaba la auditoría para evitar que pasara esto?”, cuestionó.
Durante el morenogalismo también pasaron por esta dependencia Eugenio Mora Salgado, Eukid Castañón, José Villagrana y Antonio Torres Palmer.
