Karina Fernández |
El auditor Francisco Romero Serrano negó que el órgano fiscalizador opere como garrote político como acusó el diputado José Juan Espinosa tras las denuncias penales presentadas en su contra por peculado, fraude, asociación delictuosa y abuso de autoridad en los que habría incurrido como presidente municipal de San Pedro Cholula.
Vía telefónica, el titular de la Auditoría Superior del Estado explicó que la supuesta “denuncia fabricada” a la que se refiere el legislador local está sustentada con los documentos e informes contenidos en sus cuentas públicas, en las que se identificaron irregularidades por cerca de cien millones de pesos.
“La mayoría de las personas cuando se saben investigados o acusados recurren al argumento de que la auditoría es un garrote político y piensan que tenemos los elementos para inventar pruebas (…) La realidad es que cada sujeto entrega una cuenta pública para fiscalizar, cuando arroja datos o nos da a entender comportamientos extraños es nuestro deber investigar”, dijo.
“Él tendrá el derecho de defensa y podrá argumentar lo que a su derecho convenga y ya serán las autoridades las que determinen su culpabilidad o no. Para nosotros en este momento la denuncia siempre se presenta bajo el hecho de que es presunto responsable, y si en el proceso se demuestra tendrá que asumir las consecuencias. No es el único denunciado, tengo otros 22 más”, adelantó.
Las irregularidades detectadas corresponden a los ejercicios fiscales de 2015 a 2017, cuando Espinosa Torres fue presidente municipal de San Pedro Cholula y consisten en bienes y servicios facturados que sus “proveedores” no entregaron al ayuntamiento.
De acuerdo con la auditoría, los domicilios fiscales de estas empresas no corresponden a los inscritos en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o el giro comercial con el que prestaban sus servicios pues se tratan predios, casas habitación y locales abandonados.
Se presume un desvío de recursos por más de 85 millones de pesos en este caso, y 15 millones de pesos más por simulación de operaciones, estas identificadas en su cuenta pública correspondiente a 2016. Recordó que hay al menos otros 20 sujetos obligados más en cuyas cuentas públicas se han detectado irregularidades.
