Por Valentín Varillas
Tan atractivas resultaban en lo económico las concesiones otorgadas con la puesta en marcha del sistema de transporte RUTA que el gobierno de Rafael Moreno Valle no tuvo empacho en eliminar cualquier potencial obstáculo que pudiera dificultar tan rentable negocio.
Quienes no cedían por “las buenas” enfrentaban con toda dureza al aparato oficial, con las consecuencias que esto podía traer.
Uno de los personajes que con mayor contundencia se rebeló a la segunda troncal de RUTA fue Delfino Reyes Bocardo, en ese momento representante de la Alianza de Camioneros y líder de la Asamblea Permanente del Transporte.
En reiteradas ocasiones, acusó a las autoridades estatales de mentirle a los transportistas que operaban las rutas que dan el servicio sobre la 11 Norte-Sur, en términos de los supuestos beneficios que recibirían con el nuevo modelo.
Denunció también que buena parte del fracaso de la línea 1 de RUTA se debió a que el gobierno estatal, a través del sistema de prepago, se llevaba las ganancias que en teoría tendrían que ir a parar a manos de los concesionarios y que el modelo para operar la línea 2 era idéntico al primero, que ya se demostró que no era viable desde el punto de vista financiero.
Lo anterior no gustó nada en la oficina principal de Casa Puebla.
Por eso, en la óptica del poder, había que tomar medidas y drásticas.
Así fue como se le dio forma a un grueso expediente de tipo legal que se utilizaría para llevar a Reyes Bocardo a la cárcel.
Su columna vertebral eran los oscuros beneficios que había recibido en el sexenio de Mario Marín.
El incremento de un peso a la tarifa del transporte público, una estación de transferencia ahora abandonada que funciona como corralón privado de la ruta Agua Azul-Mayorazgo y más de 100 concesiones del transporte público que representan el 70 por ciento de las rutas que circulan al sur de la capital, fue el botín que le heredó el ex gobernador priista.
La estación de transferencia, construida con recursos públicos, debió ser retirada del manejo de Reyes Bocardo y licitarla a quien pudiera poner en marcha la ruta troncal para la cual se diseñaron paraderos especiales a lo largo de la 11 Norte-Sur.
Este fue uno de los temas principales que en materia de transporte público surgió en el período de entrega recepción de la administración pública estatal en el segundo semestre de 2010.
El morenovallismo supo en ese entonces de las irregularidades, pero decidió no actuar al inicio de esta administración; prefirió seguir recabando información comprometedora y engordar el expediente para utilizarlo en el momento adecuado.
Ese momento perfecto se dio a principios de julio de aquel 2014.
Sin embargo, se tuvo que postergar debido al escándalo desatado por el asesinato del niño de José Luis Tehuatle Tamayo a manos de policías estatales en Chalchihuapan.
El gobierno estatal quedó tan dañado en imagen, que el encarcelamiento del líder transportista dejó de ser una opción viable.
Entonces optaron por la amenaza y la intimidación.
La posibilidad de que se expropiaran el total de las concesiones que en ese momento operaban los agremiados de Reyes Bocardo fue el tiro de gracia.
Al final cedieron y el proyecto de la segunda troncal de RUTA siguió sin ningún contratiempo, a pesar del fracaso operativo de la primera.
También navegaron en aguas tranquilas, las leoninas concesiones y el enriquecimiento de funcionarios públicos y empresarios que así le dieron forma a una de las más grandes estafas en la historia del estado.
