Karina Fernández |
El gobierno de Puebla presentará las denuncias penales contra ex funcionarios que entregaron a privados la operación, recaudo y publicidad en la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), comprometiendo las finanzas públicas del estado por los próximos 28 años.
Los convenios involucran al ex secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, al ex secretario de Finanzas, Roberto Moya Clemente, al de Administración, José Cabalán Macari, y Antonio Gali Fayad que se desempeñaba como secretario de Infraestructura.
De acuerdo con el análisis hecho por la Secretaría de Finanzas y el OPD Carreteras de Cuota Puebla, los gobiernos panistas constituyeron un modelo de negocio “incosteable”, pues se pagarían hasta 234 mil millones de pesos en un plazo de 28 años.
Esto derivado de una sobreestimación de la demanda de usuarios e ignorando los gastos indispensables por los próximos gobiernos, quienes se encargarían de asumir los subsidios pactados con los privados.
ANOMALÍAS EN LOS CONTRATOS
Rodolfo Chávez, director del Sistema Estatal Carreteras de Cuota Puebla informó de las anomalías, abusos y condiciones desfavorables para el gobierno que se detectaron en la construcción y operación de las líneas 1, 2 y 3 de RUTA.
Uno de ellos es el subsidio que pesa sobre el gobierno del estado y que se calcula bajo distintos factores como kilómetros recorridos, tipo de cambio, precio del diésel, salario mínimo e inflación.
Resaltó la urgencia de hacer ajustes a esta fórmula heredada que compromete a este y a los próximos gobiernos con el pago de 234 mil millones de pesos por subsidios, como se advierte en los contratos suscritos por las administraciones panistas.
Entre otras anomalías se detectó el incumplimiento de empresas privadas en las aportaciones correspondientes para la puesta en marcha del proyecto, que debieron hacerse desde 2011 y no fue sino hasta 2017 cuando se dio cuenta de las mismas.
También en la entrega de la publicidad a la empresa CincoM2 que invirtió 45 millones de pesos por un contrato de 20 años, y del 38% del pago que cada usuario realiza por el servicio a la empresa Conduent Solutions.
ENDEUDAMIENTO OBLIGADO
La secretaria de Finanzas, Teresa Castro Corro reconoció que el modelo de negocio que implementaron los gobiernos panistas resulta insostenible para el gobierno, que tendría que recurrir al endeudamiento para solventar los compromisos financieros.
“Este sistema genera presiones a las finanzas públicas por el importe que mes a mes se paga y que solo favorece a las concesionarias. Es imposible hacer frente a esta obligación y de no haber modificaciones tendría que reconocerse como deuda para poder hacer frente a la misma”, dijo.
En este sentido, el gobernador Miguel Barbosa adelantó acciones administrativas, civiles y penales por el daño generado al erario público contra los responsables de este fraude y la revocación de contratos que iniciaron con las concesiones de cobro y publicidad.
