Por Valentín Varillas
El uso mediático y político de video-escándalos o audio-escándalos, obtenido a través de espías a quienes sus amos les facilitan el uso de tecnología de punta, ha tenido como objetivo primordial el afectar la imagen y el prestigio de enemigos políticos.
Sin embargo, muchos han aprovechado los recursos humanos y materiales a su alcance, para espiar a sus aliados, a sus supuestos incondicionales.
Eso pasó en la relación entre Rafael Moreno Valle y Enrique Peña Nieto.
Los espías al servicio del mandatario poblano intervinieron las comunicaciones privadas del propio presidente de la República y de su Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
El asunto no gustó nada en Los Pinos.
Sobre todo cuando, más allá de lo mediático, un experto en materia de seguridad nacional, muy cercano a su vez, a un personaje de altísima influencia en el gobierno federal, dio fe de la veracidad de las grabaciones, poco antes de que hiciera pública la lista de afectados.
Este individuo habría confirmado que, efectivamente, el presidente Peña y miembros de su círculo más íntimo habían sido grabados.
Por eso, desde Los Pinos no se hizo el menor esfuerzo por detener la exposición mediática masiva del tema de los “espías poblanos”, en plena coyuntura electoral del 2018.
Se dio luz verde a los más importantes medios de comunicación del país -los que tienen como principal fuente de ingresos los convenios de publicidad signados con el gobierno de la República- a darle juego al asunto con particular intensidad.
Nadie intervino, mucho menos intercedió.
Ni siquiera los cientos de millones de pesos gastados por Moreno Valle en medios como Televisa, cuando era gobernador, sirvieron para parar el madrazo.
Cabildeo hubo, tiempo para hacerlo también.
Desde la hora en que se llevó a cabo aquella rueda de prensa que encabezaron Miguel Barbosa y Fernando Manzanilla, donde exhibían cómo desde el gobierno del estado se financiaba y operaba una intensa red dedicada al espionaje de quienes habían sido etiquetados como “enemigos del gobierno”, hasta el momento de la transmisión del noticiero estelar del canal más importante de la televisora, se intentó por todos los medios evitar que se le diera difusión al tema.
No se pudo.
Y lo peor, Televisa repitió hasta la saciedad el tema en el programa de Loret de Mola, el que privilegia el contenido político y en donde normalmente la empresa fijaba su postura en este tipo de asuntos.
Es evidente que la presidencia tenía un interés especial en que el escándalo tuviera difusión.
El gobierno federal y la mal llamada “inteligencia nacional” quedaron en ridículo al ser incapaces de blindar del espionaje a Peña y a los secretarios más importantes de su gabinete.
A pesar de la gravedad del tema, el priista nunca quiso romper con Rafael quien, a pesar de la inminente debacle del candidato tricolor, fue institucional y jugó electoralmente las cartas de Peña en el 2018.
A cambio, al poblano se le dio libertad e impunidad absoluta para hacer de todo en su intento por hacer ganar a su esposa la gubernatura del estado.
Enrique, a quien Moreno Valle consideró como su “amigo”, pudo hacer mucho para que el tema del espionaje no trascendiera como trascendió y evitara que se convirtiera en un escándalo nacional de consecuencias importantes.
Sin embargo, la afrenta no fue menor.
Peña Nieto decidió echar mano de una de las antiguas máximas que permanecen vigentes en la política nacional, aquella que asegura que nadie puede dejar en ridículo a la figura presidencial, sin que existan consecuencias.
