Por Valentín Varillas
Coordinó con espantosa ineptitud el operativo de “rescate” de la autopista a Atlixco, tomada por manifestantes de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan en julio de 2014, en donde es asesinado por policías estatales el niño José Luis Tehuatlie Tamayo.
Alteró hechos, sucesos, obligó a sus subordinados a cambiar declaraciones y hechos para “aportar” elementos que soportaran la mentirosa versión oficial.
Con ello, sumó a que la entonces Procuraduría General de Justicia llevara a cabo una investigación que tenía como objetivo encubrir a los asesinos de un niño indígena, no hacer justicia.
Vino a Puebla operar un esquema de amarres con la delincuencia, similar al que llevó a cabo como funcionario federal.
Le entregó el estado a las bandas dedicadas al robo de combustible de los ductos de Pemex.
Les garantizó impunidad y total libertad de acción.
Un ejemplo contundente de lo anterior fue la detención por elementos del ejército mexicano del director de la Policía Estatal Preventiva, Marco Antonio Estrada López y del responsable del grupo de Operaciones Especiales, Tomás Mendoza Lozano por brindar protección a las bandas de la delincuencia organizada encargadas del robo de combustible de Pemex.
Mientras fue funcionario público, crecieron en cerca de 3 mil por ciento las tomas clandestinas en Puebla.
Esta fue la génesis de la infiltración de auténticos criminales en las instituciones públicas del estado.
En buena parte, así se explica la complicada e inédita realidad que vivimos los poblanos en materia de inseguridad y embate de la delincuencia.
A nadie debería haber tomado por sorpresa lo anterior.
Mucho menos a Rafael Moreno Valle y sus secuaces, responsables de haberlo contratado para encabezar la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
En investigaciones periodísticas publicadas en su momento por Anabel Hernández, se le ubicaba como cómplice del falso operativo que culminó con e secuestro y asesinato del joven Fernando Martí.
También en los montajes que simulaban espectaculares detenciones como la de la francesa Florence Cassez.
En varias declaraciones oficiales, Edgar Valdés Villarreal, jefe de sicarios del cártel de los Beltrán Leyva, lo señaló como uno de los miembros del círculo cercano de Genaro García Luna que recibía sobornos de distintas organizaciones delictivas.
Dos personajes que formaban parte de este “selecto grupo”, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Eduardo Pequeño García, ya enfrentan sendos procesos legales en Estados Unidos por estar involucrados es aquellos pactos inconfesables que, desde sus respectivas responsabilidades en el gobierno, realizaban con lo más granado del Cártel de Sinaloa.
Sin duda, el nombre de Facundo Rosas ya ha salido a colación, o muy pronto saldrá, en juicios como el de Joaquín Guzmán Loera, el propio Genaro García Luna y ahora que declaren Cárdenas Palomino y Pequeño García.
Muy pronto, el boomerang de lo que hicieron como funcionarios públicos, alcanzará a quien llegó a ocupar un lugar de auténtico privilegio y confianza en el círculo más íntimo del morenovallismo.
Puebla merece, por justicia elemental y por el irremediable daño que causó, que el brazo de la ley alcance a Rosas Rosas, aquí, o del otro lado de la frontera.
