Por Karina Fernández
Nueve de cada 10 sujetos obligados incumplieron con sus obligaciones de transparencia, de acuerdo con el reporte del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE).
Entre esto destacan las secretarías de Bienestar, Economía y Educación, la Fiscalía General del Estado, el Congreso local y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
La fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que deben cumplir con la difusión de información en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Sin embargo, en la primera fase de verificación que el organismo aplicó entre marzo y mayo a 182 sujetos obligados en el estado, como ayuntamientos, dependencias estatales, partidos políticos, organismos autónomos, fideicomisos y fondos públicos, sólo 13 cumplieron con sus obligaciones.
Se trata del Ejecutivo del estado, la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, el Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, el Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, y el Poder Judicial del Estado de Puebla.
El ITAIPUE, el partido Compromiso por Puebla, el Ayuntamiento de Amozoc, el Fideicomiso Casa de Jóvenes en Progreso, el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y el Fondo Fomento Agropecuario del Estado de Puebla FOFAEP.
Entre los partidos políticos peor evaluados destaca el Partido del Trabajo cuyo puntaje, de 100 disponibles, fue del 10.01; en sindicatos, Coparmex cuya evaluación fue de 44.11, y entre ayuntamientos alrededor de 20 obtuvieron cero en transparencia.
De acuerdo con el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la verificación se apegará a examinar la publicación de las obligaciones de transparencia; se observará que se publique la información vigente y la correspondiente a los ejercicios anteriores.
El incumplimiento de sus obligaciones, después de que los sujetos hayan sido notificados en la materia y no hayan subsanado las deficiencias, los hace acreedores a sanciones administrativas y económicas previstas en la legislación local.
