Por Karina Fernández
El gobierno de Puebla considera a 406 reos como posibles candidatos a dejar los reclusorios del estado, 370 hombres y 36 mujeres entre quienes se encuentran indígenas, personas de la tercera edad y enfermos crónicos o terminales.
El secretario de Gobernación, David Méndez Márquez informó que al analizar los casos de los 3 mil 636 sentenciados en Puebla, se determinó que 406 –que representan el 11% de dicho universo- podrían ser preliberados. En estos no figuran personas vinculadas a secuestros, trata de personas o delincuencia organizada.
Estas personas tendrán que someterse a un análisis de riesgo previo a su salida de reclusorio pero además cumplir con otros requisitos como el pago de la reparación del daño y multa para acceder a este beneficio, el 50 ó 70 por ciento de la pena o un sustitutivo penal por edad avanzada, senilidad o enfermedad grave que no se pueda tratar en el Centro de Reinserción Social.
“Existe la posibilidad de analizar, de acuerdo a estas figuras, a un universo de alrededor de 406 (presos) que pudieran llegar a ser beneficiarios de alguna de las vías de preliberación. No quiere decir que sea un hecho, la ley establece un procedimiento minucioso para poder llevar a cabo su análisis”, dijo.
José Luciano Osorio Couttolenc, subsecretario Jurídico de la Secretaría de Gobernación detalló que 268 son indígenas sentenciados, 65 de la tercera edad y 73 enfermos.
Este grupo de personas se someterá a una evaluación que determinará si serán o no beneficiados con la prelibenotas 21 de mayoración, pues no basta con haber cumplido el 50 o 70 por ciento de la condena.
Se contempla un grupo interdisciplinario conformado por expertos en asuntos jurídicos, psicólogos, criminólogos, custodios y sociólogos que analizarán el perfil de los candidatos.
Aplicarán una entrevista a la persona sujeta al beneficio y a la víctima, testigos en su contra que permita determinar si su salida representa un riesgo para la sociedad.
Evaluarán si cuenta con herramientas de reinserción social y redes apoyo en el caso de enfermos y personas de edad avanzada que no queden en cuestión de vulnerabilidad al ser liberados, sino que sean protegidos por redes de apoyo.
