Por Valentín Varillas
Sucedió en octubre de 2016, durante el tercer informe del rector Alfonso Esparza.
El asesinato de mujeres estudiantes de la institución, era un tema de altísima prioridad y preocupación para la comunidad universitaria.
En los tres primeros años de su rectorado, habían sido asesinadas seis estudiantes de la Benemérita: Aracely Vázquez Barranco, Olga Nayeli Sosa Romero, Irais Sosa, Isarve Cano, María José Feliciano Romero y Tania Verónica Luna.
A esta última, la mataron 5 días antes del evento.
Un pronunciamiento público, en ese complicado contexto, se volvía más que necesario: urgente.
Por eso, Esparza en su mensaje exigió: ¡Ni una más! – frase que caló muy hondo en el ánimo de Rafael Moreno Valle, invitado principal del informe.
Para el entonces gobernador se trató simple y llanamente de una afrenta.
Por eso, decidió que no iba a engalanar el evento con uno de sus tradicionales discursos.
Se limitó apenas a hablar por espacio de tres minutos en donde, si bien cuidó las formas, redujo sensiblemente los adjetivos favorables y los reconocimientos.
Apenas terminado el informe, RMV, furioso, llamó a dos de sus subordinados, cuyas responsabilidades en el servicio público estatal tenían una relación directa con los asesinatos de mujeres en Puebla: Víctor Carrancá, Fiscal del estado y Diódoro Carrasco, Secretario General de Gobierno.
El mandatario estatal, les ordenó redoblar esfuerzos en aras de que el tema dejara de ser fuente de escándalos y mala prensa –nacional e internacional- para su administración.
Lo mediático era lo único que le importaba.
El término “feminicidio”, por sí solo, causaba un auténtico escozor en lo más alto del poder político poblano, al grado de que la orden concreta era jamás reconocer públicamente la magnitud del tema.
Es más, la línea consistía en negar obsesivamente que estas muertes violentas de mujeres en la entidad se dieran en un contexto que pudieran ser consideradas como tales.
Mintieron en los datos que arrojaban sus investigaciones, para intentar bajar artificialmente el número de casos y minimizar así una preocupante realidad.
No les importó nunca que universidades y organizaciones no gubernamentales realizaran foros en donde participaron académicos y especialistas en el tema de la violencia de género –los más respetados dentro y fuera del país-, en donde todos, absolutamente todos llegaron a dos conclusiones fundamentales:
1.- La abrumadora mayoría de los asesinatos de mujeres debían de ser etiquetados como feminicidios y
2.- En ese tiempo ya resultaba, por lo menos pertinente decretar una Alerta de Género en la entidad, como medida de conciencia social y de prevención, para evitar que más casos ocurrieran en territorio poblano.
Sin embargo, al final, la realidad los superó.
En la retorcida visión del morenovallismo, los feminicidios en Puebla no eran sino una molesta mancha en un expediente político que se intentaba vender como inmaculado y puro, en la coyuntura de la elección de candidatos para la presidencial del 2018.
Sí, en aquella elección en donde ni siquiera pudo llegar a ser candidato.
