Por Karina Fernández
Transportistas que demuestren los contratos con empresas de seguridad para la compra e instalación de cámaras de videograbación y botones de pánico no serán retirados de circulación en los operativos a cargo de la Secretaría de Movilidad y Transporte.
Así lo señaló el gobernador Miguel Barbosa Huerta luego de que un grupo de concesionarios argumentaran que la empresa Cerberus no ha surtido el equipamiento contratado por al menos dos mil permisionarios.
El mandatario dejó en claro que si estos concesionarios presentan lo documentos que avalen su compra, las autoridades permitirán que sigan brindando el servicio pues los oficios demostrarán su voluntad para cumplir con los acuerdos pactados en octubre.
“Creo en eso también. Si ellos muestran toda la disposición y documentación que tenga que ver con eso, seríamos irracionales de no respetarlos”, dijo, aunque se deslindó de esta u otras empresas que no estén cumpliendo con la entrega e instalación de dispositivos.
Dejó en claro que también se respetarán los amparos promovidos por transportistas que se oponen a la modernización y dignificación del servicio de transporte público.
Sin embargo adelantó que la mayoría de estos, vinculados con Arturo Loyola González, los han perdido por lo cual serán retirados de circulación en los operativos e incluso el gobierno les iniciará el proceso de revocación de la concesión del servicio que prestan.
Acusan retraso de empresa en instalación de cámaras
El martes un grupo de agremiados a la Red de Transportes Unidos Región Valsequillo Independiente AC señalaron que a dos meses de haber pagado a Cerberus por las cámaras de videograbación, la firma sólo ha cumplido con la instalación del 40% de equipos.
Marco Antonio Méndez Salas, representante de estos permisionarios indicó que los concesionarios han pagado desde 16 mil hasta 21 mil pesos por estos equipos.
También reconoció que otros agremiados no consiguieron en tres meses el recurso suficiente para comprar estos equipos, aunque están comprometidos con este programa.
Los socios solicitaron al gobierno de Puebla realizar operativos en la zona de Tecamachalco para frenar a bandas dedicadas al “cobro de piso” que merman los ingresos de los transportistas e impiden que puedan generar recursos para adquirir los equipos.
