Por Alejandro Mondragón
Este 12 de febrero vence el plazo fijado a transportistas para cumplir con el compromiso de incremento a la tarifa del pasaje en 8 pesos con 50 centavos, a cambio de modernizar las unidades y colocar dispositivos de seguridad vía GPS.
El acuerdo suscrito por la Secretaría de Movilidad y Transportes con los permisionarios era imposible de cubrir en el lapso de 90 días.
En el estira y afloja, en la búsqueda de culpables, que a todas luces son todos los involucrados, hay aspectos que generan sospechas, ante el inminente fracaso.
1) La Secretaría, a cargo de Guillermo Aréchiga señala a los permisionarios a quién y qué empresa hay que comprar los equipos de video vigilancia.
2) La dependencia ha provocado que exista un alza a los precios de los equipos y de repente la inexistencia de estos; es decir hay una competencia desleal.
3) El problema se agrava porque si los permisionarios disponen de los equipos, estos no pasan el filtro del C5, a menos que se lleve la bendición de la Secretaría de Movilidad y Transportes.
4) Los transportistas más interesados en descarrilar el proceso de modernización del servicio están ligados a aquellos que resultaron siempre favorecidos por el morenovallismo. Un nombre: Arturo Loyola, socio en varios negocios en Puebla con la familia de un ex gobernador, además de manejar cuentas en paraísos fiscales, como Panamá.
5) El 13 de febrero, fecha en la que empieza la revista vehicular, los transportistas no saldrán a circular y el más afectado será el usuario. A Aréchiga, connotado galista, le quedó grande la yegua transportista.
