Por Karina Fernández
El secretario de Movilidad y Transporte, Guillermo Aréchiga Santamaría planteó a los diputados locales el impulso de una reforma a la Ley del Transporte en el estado pues dejó entrever que el gobierno está atado de manos para regular la operación de las Empresas de Redes de Transporte (ERT).
Durante su comparecencia, explicó que a la fecha empresas como Uber, Didi y Cabify informan al gobierno del estado sobre el alta de conductores pero no de las bajas.
Además se observa una sobreoferta de unidades pues entre las tres plataformas suman 27 mil 310 las que ofrecen el servicio en Puebla, cifra que prácticamente duplica el número de concesiones del transporte público entregadas por esta y pasadas administraciones.
Estas unidades no tienen limitaciones para circular en determinados tramos y sólo las empresas conocen las condiciones en que se encuentran los vehículos, así como la preparación de sus conductores.
“La secretaría no tiene facultades para limitarlo. No hay posibilidad de que se diga hasta aquí o del tramo donde no puede circular. Hace falta una norma, revisar el marco jurídico y sin duda el tema de las plataformas está en la agenda”, enfatizó el diputado federal con licencia.
Aréchiga Santamaría recordó que está en puerta una reforma al Código Penal enviada por el Ejecutivo del estado para castigar con cárcel a choferes y cómplices de la circulación de unidades del transporte público que porten placas falsas o no correspondan a la unidad.
Recalcó que no habrá prórroga para retirar de circulación a quienes además incumplan con los acuerdos firmados con el gobierno del estado. Puntualizó que no se procederá de manera arbitraria ni atropellando los derechos de los permisionarios, sólo actuando conforme a la ley.
Sin embargo, el funcionario estatal admitió que la dependencia no cuenta con una estrategia para cubrir la demanda de usuarios que serían afectados con el retiro de unidades irregulares. Descartó la renta de vehículos para atenderlos de manera provisional.
Justificó que aunque fueron casi 10 años sin que se ajustara la tarifa al pasaje no habrá pretextos para que los concesionarios cumplan con la modernización y mejora de sus unidades así como la incorporación de cámaras de video vigilancia que contribuyan a proteger a los usuarios.
El funcionario dejó en claro que la entrega de concesiones dejó de ser un negocio en esta administración, por lo cual el próximo 13 de febrero iniciará el retiro de unidades y revocación de las concesiones correspondientes.
