Por Karina Fernández
No se dará marcha atrás a la fiscalización de los recursos públicos ejercidos por la BUAP, aclaró el auditor Francisco Romero Serrano después de que se dio aviso del cierre de la revisión preventiva a la Máxima Casa de Estudios.
Vía telefónica, el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) explicó que el pasado 20 de enero terminó el plazo para presentar documentación referente a proceso, no obstante ante la negativa de la universidad para facilitar la información, se concluyó el procedimiento pero no se descartan otros mecanismos de fiscalización.
Además se aplicarán sanciones pecuniarias al rector por obstaculizar este proceso a la auditoría. Dejó en claro que no se dio “carpetazo” al tema pues cuestionó algunas decisiones que se han tomado al interior de la institución.
Se refirió, por ejemplo, al caso de Lobos BUAP, equipo de futbol al que se le habrían transferido recursos públicos millonarios que pertenecían a la universidad autónoma.
“Tenemos asuntos importantes como el de Lobos BUAP, porque el patrimonio universitario se vio afectado por 460 millones de pesos, aparentemente, que pudiera haber representado una cantidad aplicable para educación, y que en ese orden no fueron para el sector educativo sino para el futbol”, expuso.
Romero Serrano defendió que la Auditoría Superior del Estado lleva el proceso conforma a los esquemas que plantea la propia ley, y rechazó que esté excediendo sus facultades como acusan algunos académicos y estudiantes.
Señaló que con la propuesta del rector por hacer gratuito el examen de admisión y de ofrecer un buffet jurídico que asesore a poblanos que se oponen al reemplacamiento, Esparza ha optado por generar un esquema de atención pública, para que la gente no se concentre en el verdadero acto de fiscalización que “lo que busca es transparencia en la rendición cuentas públicas de la universidad que no ha tenido en 20 años”.
“Nuestra labor es lograr la transparencia y fiscalización y que en determinado momento, sin que de forma inquisitiva digamos que existe algún desvío o acto indebido, se establezcan las sanciones correspondientes de haber inconsistencias”.
El contador público dejó en claro que ni el gobierno ni el Congreso del estado están detrás del proceso en contra de la universidad.
Por el contrario, enfatizó que Puebla pasa por nuevos tiempos de fiscalización donde los asuntos no se resuelven de manera mediática sino bajo un proceso técnico y apegado a derecho que fue relegado por pasadas administraciones.
“Todos son sujetos de revisión y nadie por encima de la ley, trato igual a los iguales y en este caso tienen la misma responsabilidad un presidente que un rector para cumplir con estos procesos”, sentenció el ex líder empresarial.
