Por Jesús Manuel Hernández
Hace unos años la revista Forbes publicaba una colaboración del entonces Presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Javier Pérez Almaráz. Palabras más, palabras menos explicaba así la función de ser notario:
“El notario es un profesional del Derecho, investido de fe pública por el Estado, que brinda seguridad jurídica y certeza en los actos y hechos de los que da fe. El notario ejerce su función con independencia del poder público y los particulares, teniendo a su cargo interpretar la voluntad de las partes y plasmar ésta en un instrumento público y auténtico, redactado bajo su responsabilidad, que puede ser una escritura pública, si se trata de dar fe de un acto jurídico, como por ejemplo un contrato; o bien un acta notarial, si se certifica un hecho jurídico o material, por ejemplo, una notificación… En México la figura del notario tiene su primer antecedente en el Tlacuilo, quienes -a manera del escriba egipcio- pintaban los códices y murales en la Mesoamérica prehispánica dando fe de los acontecimientos importantes…”
A lo largo de la historia la función del notario se ha ido consolidando y se limita a los profesionales del derecho que hayan pasado una serie de exámenes y prueben absoluta imparcialidad en sus actos.
Pero las patentes a notarios en Puebla han pasado por bolas ensalivadas, por el dedazo del gobernador en turno al premiar a quienes han sido sus incondicionales en el ejercicio del poder.
La suma de estas actitudes en varios sexenios ha ido alimentando la casta divina de los modernos tlacuilos, dueños de la fe pública, incuestionables y por tanto depositarios de una fuerza absoluta necesaria para mantener el sistema de complicidades que ha generado la monopolización del poder.
Por eso la actitud del gobernador Miguel Barbosa debía ser aplaudida por todos, al cuestionar la calidad moral y la forma como se han venido dando las patentes de notario en los últimos años, nada diferentes de los anteriores.
Esta actitud corresponde al deseo de un nuevo régimen, no de un continuismo, no de un entrar al juego de mantener en el poder a quienes se valen de su fuerza para validar los actos de corrupción de gobierno y particulares.
Gran escándalo se formó al saberse de la decisión de revocación de 29 patentes en Puebla y algunas otras como la del exgobernador Mario Marín Torres, por inactividad, se dijo.
Pero no basta, si realmente el actual gobierno de Puebla quiere ir a fondo en el cambio de régimen y terminar con el sistema de complicidades de los modernos tlacuilos, bueno sería ahondar en las quejas que se han levantado, por lo menos desde hace unos 24 años contra notarios deshonestos en temas como compra venta de ejidos en las zonas de cuantiosa plusvalía.
Y más aún, bueno sería que Miguel Barbosa mandara investigar y revelar los casos de compra venta de patentes, un asunto más delicado, pues con 5 o 10 millones de pesos, es posible formar parte de la casta divina.
O por lo menos, así me lo parece.
