Por Valentín Varillas
La semana pasada, la Procuraduría Federal del Consumidor llevó a cabo intensos operativos por gasolineras poblanas.
La diferencia con ejercicios similares anteriores es que, ahora, utilizó a elementos de la Guardia Nacional, la Policía Militar y la Policía Federal como refuerzo.
Cerca de 20 elementos por estación, apoyaron las labores de los inspectores de Profeco, que no buscaban combustible robado, mucho menos a los capos dedicados a la comisión de este ilícito.
No, simplemente querían verificar la calibración de las bombas, para garantizar que los consumidores estuvieran recibiendo los famosos “litros de litro”.
Portando sus tradicionales armas largas, mientras duraban los operativos, permanecieron siempre a la vista del personal laborando en los expendios y de los clientes que no entendían qué era lo que estaba pasando.
Algunos, al ver semejante despliegue, prefirieron darse la vuelta y buscar otro lugar donde cargar.
Los encargados de las estaciones preguntaban el por qué de semejante medida y recibieron simplemente como respuesta: “son órdenes de arriba”.
Checaron pistolas y bombas despachadoras y procedieron a inmovilizar las que presentaban irregularidades.
Requirieron documentación básica como el resultado de la última visita de Profeco, la aprobación Modelo, el prototipo, la última verificación (UVA), además del Sistema de Monitoreo y Control a Distancia.
Qué bueno por los consumidores.
Históricos y descarados han sido los abusos cometidos por los dueños de estos establecimientos, muchas veces con la complacencia de las autoridades.
Sin embrago, muchos pensamos que los elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Militar y de la Federal, deberían de estar atendiendo otros asuntos.
Desempeñando otras responsabilidades más congruentes con el combate a la delincuencia y el mantenimiento de la paz social.
Y es que, mientras sus elementos checaban bombas despachadoras, algo que fácilmente puede revisar el personal administrativo de la dependencia, Puebla vivía días aciagos en materia de seguridad pública.
Asaltos, robos, balaceras, encobijados, feminicidios y hasta decapitados.
Asuntos que, en teoría, tendrían que ayudar a atender nuestras fuerzas del orden.
Sí, las que iban a apoyar a los distintos estados de la República con aumentos importantes en sus respectivos índices delictivos.
Pareciera que existe una terrible confusión de prioridades por parte de quienes manejan a la Guardia Nacional.
Esta supuesta panacea que, a través de una lógica distinta de combate al crimen, vendría a devolvernos la tranquilidad perdida hace décadas.
No ha sido así, por lo menos a un año del nuevo gobierno.
Entonces, ya podemos estar felices de que, ahora sí, lo que paguemos por el combustible que utilizamos se verá fielmente reflejado en los tanques de nuestros vehículos.
Qué más da que, como consecuencia, tengamos que seguir sufriendo los efectos de este constante, irremediable e irreversible deterioro de nuestro tejido social.
