Por Valentín Varillas
Cuando asesinaron a José Luis Tehuatlie Tamayo, el gobierno del estado hizo todo lo posible por desprestigiarlo ante la opinión pública, en un intento desesperado por salvar en algo la dignidad e imagen.
Inventaron teorías increíbles, recurrieron a la manipulación de pruebas, a la tergiversación descarada de la verdad, con tal de encubrir a los policías estatales responsables de su muerte.
No tuvieron empacho en emplear Photoshop para inventarse imágenes en donde el niño indígena aparecía sosteniendo una manta de protesta –como si eso fuera suficiente para justificar su asesinato- cuando en realidad se encontraba jugando en un predio aledaño al lugar en donde se llevaba a cabo el bloqueo de la autopista a Atlixco.
Arremetieron también contra su madre, doña Elia Tamayo, que en ese momento vivía sus horas más oscuras; el peor infierno que cualquier ser humano puede vivir.
Cuestionaron su papel como progenitora, su nivel de amor, cariño y responsabilidad para con su hijo.
Los operadores de Rafael Moreno Valle no tuvieron piedad y arremetieron mediáticamente con todo en contra de quienes enfrentaban un muy doloroso duelo.
Les valió madre.
Jugaron a su antojo con las instituciones del estado, manipularon y alteraron pruebas, mintieron arteramente, con el único fin de evadir su responsabilidad.
El entonces gobernador y las figuras más cercanas de su círculo familiar y político, jamás mostraron la menor empatía por el niño indígena asesinado.
Algo muy similar pasa con el actual gobierno federal y el asesinato de miembros de la familia LeBarón.
Más allá de un rígido pésame y un frío abrazo enviado desde la mañanera, el presidente ha optado por defender no sólo su muy particular estrategia de combate a la delincuencia, sino una muy extraña primera versión oficial de los hechos.
El sugerir la tesis de la confusión, como explicación de la masacre en donde murieron mujeres y niños, ha desatado el enojo y la inconformidad de los otros miembros de la familia agraviada.
Esta fue expresada a través de muy duras declaraciones y entrevistas realizadas en medios tradicionales y redes sociales.
De inmediato, en estas mismas redes, algunas cuentas empezaron a manejar masivamente mensajes en donde ponían en duda la honorabilidad de los LeBarón.
Los acusaban de tener un pasado muy cuestionado y sobre todo, de intentar lucrar políticamente con el asesinato de los suyos.
A quienes operaron esta estrategia, tampoco les importó el duelo, el dolor, el infierno que viven los deudos.
Mucho menos, arremeter en su consigna en contra de mujeres y niños inocentes que jamás debieron perder la vida en un país en donde priven la ley y el estado de derecho.
Prefirieron criminalizarlos en aras de defender la imagen de un gobierno que, es evidente, ha fracasado en su deber de proveer seguridad a sus gobernados.
Semejanzas espantosas, aberrantes, en los casos Chalchihuapan y LeBarón, en tiempos de un supuesto cambio político en México.
¿No que no eran iguales a los otros?
