Por Valentín Varillas
Los zares del huachicol en Puebla, pagan entre 15 y 18 mil pesos mensuales a los famosos “halconcitos”.
Se trata de niños y jóvenes, cuyas edades van de los 13 a los 16 años, que tienen como única responsabilidad el proveer información sobre actividades sospechosas que pudieran poner en riesgo la operación de la organización delictiva.
A través de un teléfono celular, que está incluido en el paquete de beneficios y utilizando palabras clave previamente acordadas con sus jefes, pasan cerca de 10 horas por turno ubicados en sitios estratégicos, simplemente vigilando.
Para dedicarse a esta actividad, han suspendido su formación académica.
¿Para qué? – seguramente se cuestionan, si ya ganan la misma cantidad que muchos egresados de universidades de prestigio.
Por su alto nivel de ingresos, en muchos casos, estos menores se han convertido en auténticas figuras de autoridad al interior de sus propias familias.
Su voz es la que manda, su palabra es la ley.
Han desplazado a sus propios padres, sobre todo en los casos en donde éstos no trabajan para las bandas dedicadas al robo y venta de combustibles.
Ellos ingresan más dinero que el resto y aplican al pie de la letra aquella máxima que asegura que “el que paga manda”.
Por lo mismo, tienen acceso a toda clase de lujos y caprichos.
Ropa y accesorios de marca, además de gadgets de última generación.
Por si fuera poco, al ser el sostén económico del hogar, los recursos que obtienen se gastan en sus mismas comunidades.
Es decir, son ya auténticos detonadores de la actividad productiva en esos lugares.
Ese nivel de vida, impensable en otra realidad, los lleva a ser admirados por niños de menos edad.
Se han convertido en sus héroes y como consecuencia natural, ya aspiran a ser como ellos.
Se trata de una realidad similar a la que hace décadas comenzó a vivirse en estados del norte de la República, en donde niños deslumbrados por el dinero, las joyas y las camionetas de lujo, tenían como única aspiración de vida el convertirse en narcos.
En este contexto, se vuelve entendible el que comunidades enteras protejan a las bandas dedicadas a la ordeña de ductos de PEMEX.
Que inclusive, estén dispuestos a arriesgar la vida, enfrentando a unidades de la policía o del ejército, que llevan a cabo operativos de detención de huachicoleros, con tal de no regresar a una vida de pobreza y privaciones.
Esta realidad complica mucho el combate frontal a un delito que crece exponencialmente año con año, a pesar del falso optimismo que sazona el poco realista discurso oficial sobre este tema.
El panorama no puede ser más oscuro en el futuro inmediato.
¿Qué empresa o qué gobierno puede ofrecer siquiera algo parecido?
Nadie puede competir con el poder corruptor de un delito que sigue generando millonarios recursos para quienes se dedican a él, sus familias, sus comunidades y aquellas instancias públicas y privadas, civiles y militares, que lo toleran y fomentan.
El costo social es altísimo, pero les vale madres.
