Por Valentín Varillas
De rodillas vivió buena parte del gremio notarial durante las administraciones “panistas” que gobernaron Puebla.
Si bien recibieron un sin fin de beneficios, el costo al final resultó altísimo.
En el entendido de que Mario Marín, había entregado patentes de la fe pública a su cuates e incondicionales, desde el inicio de su sexenio, Rafael Moreno Valle los quiso tener a raya.
Escudándose en la lucha contra la corrupción en este sector, el gobernador ordenó al congreso votar una serie de modificaciones a la Ley del Notariado que pretendían mantener a los notarios bajo control absoluto.
La amenaza constante del retiro de la patente pendía como permanente espada de Damocles sobre sus cabezas.
La primera muestra de poder y de que quien no se alineara sufriría las consecuencias, fue el encarcelamiento del notario Juan Carlos Salazar Cajica.
Lo acusaron de falsificación de documentos y fue después dejado libre por falta de pruebas.
Sin embargo, el mensaje ya había sido enviado.
Además de lo anterior, los notarios tuvieron que aguantar la monumental corrupción que prevaleció en el Instituto Registral y Catastral del estado, bajo la tutela de Alejandro Pagés y el enorme fracaso de su ambicioso proyecto de modernización y bursatilización.
El millonario cobro por debajo del agua para “agilizar” trámites y servicios llegó en ese tiempo a niveles endémicos.
Las cuotas oscilaban entre los 25 y 100 mil pesos por brindar los servicios que el Registro estaba obligado para servir a los ciudadanos.
También tuvieron que padecer un descarado nepotismo, que se tradujo en el burdo desplazamiento de personal, para ser sustituido por familiares, amigos y compadres de poderosos personajes del poder político, que no tenían ninguna capacitación ni experiencia para realizar bien su trabajo, pero que eran los encargados de operar los jugosos negocios que ahí se hacían.
Esta red de corrupción, fue tolerada y fomentada por el entonces secretario general de Gobierno, Luis Maldonado, a quienes recurrieron los notarios como medida desesperada.
Se toparon con pared.
Lejos de tomar cartas en el asunto, Maldonado calificó las denuncias hechas por los notarios como simples “chismes sin sustento”.
Minimizó los testimonios de los fedatarios que habían tenido que entrar al pago de los moches para que sus procesos de escrituración pudieran avanzar.
Además, volvió a amenazarlos con la aplicación de auditorías y el inicio de procedimientos de retiro de las patentes, si las protestas continuaban.
Y sobre todo, si trascendían a los medios de comunicación.
La presión continuó, el gobierno del estado le cortó la cabeza a quienes llevaban las riendas del IRCEP, pero el negocio simplemente cambió de manos.
La corrupción siguió y los notarios fueron condenados así, a permanecer postrados ante el poder político poblano.
