Por Valentín Varillas
Como gobernador electo, Miguel Barbosa llevó a cabo una serie de nombramientos de perfiles que lo acompañarían como secretarios de estado, pero que al final no tomaron protesta en el cargo.
Algunos de sus críticos señalaron que las rectificaciones en la elección del equipo más cercano con el que comenzaría su administración, fueron “decisiones erráticas” del futuro mandatario.
Es evidente que conocen muy poco de política real.
Por lo menos en dos de estos casos, existieron razones de mucho peso para cambiar la designación.
El primero de ellos fue el de Carlos Urbina Tanús, quien se encargaría de la Secretaría de Infraestructura.
Todo iba aparentemente bien con el nombramiento, hasta que desde el gobierno federal llegó el mensaje de que se irían con todo en contra de Rosario Robles y se investigaría a fondo el tema de la Estafa Maestra.
Urbina Tanús fue en su momento parte importante del círculo de colaboradores cercanos a Robles Berlanga, al punto de ser un incondicional del poblano Armando Saldaña.
El gobierno federal investiga al atlixquense por supuestamente haber autorizado, como director general de ordenamiento Territorial de la Sedatu, un contrato irregular de entrega de 185 millones de pesos a la Universidad Politécnica de Hidalgo.
Más allá de que en su momento y de acuerdo al derrotero de las investigaciones, se deslinden responsabilidades jurídicas, definiendo así culpables e inocentes, en términos de la imagen y la congruencia del nuevo gobierno, el nombramiento resultaba insostenible.
Mucho menos cuando ha quedado claro que la presidencia exhibirá mediáticamente a Robles y compañía como arquetipo la corrupción que imperó en el sexenio anterior.
El segundo caso se refiere al anuncio de que el almirante Marco Antonio Ortega Siu sería el encargado de la seguridad pública en el estado.
En su momento y por la enorme preocupación que representa el tema de la inseguridad en el estado, este nombramiento fue el que mejor recibimiento tuvo en términos de opinión pública y publicada.
Su impecable palmarés así lo justificaba.
Además de su importante participación en el operativo de detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en su desempeño ha mantenido una relación cercana de trabajo e intercambio de información con el Pentágono norteamericano, algo que en los hechos significaba una aval implícito a su honestidad y profesionalismo.
Sin embargo, al momento del anuncio de su incorporación al gobierno de Puebla, era imposible tomar en cuenta las grillas internas que se dan al interior de la Secretaría de Marina.
A pesar de que en una primera etapa, el gobierno federal, a través de Alfonso Durazo, titular de Seguridad y Protección Ciudadana, había avalado la designación, al final fue José Rafael Ojeda Guzmán, almirante titular de la Secretaría de Marina quien la saboteó.
Su único argumento fue que Ortega Siu no era parte de “su grupo” y que resultaba deseable que, si el cargo de Secretario de Seguridad Pública del gobierno de Puebla iba a quedarse en manos de un almirante de Marina, éste fuera de su absoluta confianza.
Bajo esta lógica llegó Miguel Idelfonso Amezaga Ramírez, un perfil con antecedentes meramente administrativos, quien tendrá que trabajar a marchas forzadas para estar a la altura de las enormes promesas que el gobernador Barbosa ha hecho en términos de logros concretos en materia de seguridad.
Ya lo ve, en política como en otros aspectos de la vida, se aplica la máxima que reza aquello de que “uno propone y el diablo dispone”.
A poco no.
