Por Valentín Varillas
Muchas sorpresas encontrarán los diputados miembros de la Comisión Inspectora del Congreso poblano, si se van a fondo en la revisión del informe que le solicitaron a la Auditoría Superior del Estado, sobre el análisis y revisión del programa de obra pública que se llevó a cabo en el período 2011-2018.
La auténtica cloaca del favoritismo, los sobrecostos y las descaradas violaciones a los procesos que norman la entrega y desarrollo de contratos en la materia, quedará entonces destapada.
Varias obras que se vendieron en su momento como punta de lanza de aquella Puebla moderna, de vanguardia, estarán en el ojo del huracán.
Aquí una probadita de lo que los legisladores se van a encontrar.
Pongamos como primer ejemplo el Viaducto Boulevard Carlos Camacho Espíritu con Boulevard 5 de mayo, proyecto que inició en el 2012.
De entrada, la obra se publicitó como un “puente estructural”, cuando en realidad su sistema de tirantes tiene únicamente funcionalidad estética y no estructural.
Bajo esa falsa premisa, su costo fue de $337.7 millones de pesos, es decir, 2.3 veces más que otros puentes no estructurales construidos en el mismo tiempo en el municipio de Puebla.
Negociazo.
Además de lo anterior, la entonces Secretaría de Infraestructura decidió no llevar a cabo licitación alguna, no respetando las etapas previstas por la Ley para la adjudicación de este tipo de proyectos.
Las empresa GH Anderl Consulting and Construction SA de CV fue la beneficiada.
Esto, a pesar de que el artículo 43 de la Ley de Obra Pública y Servicios establece que las adjudicaciones directas se justifican únicamente cuando “peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la seguridad pública o el ambiente de alguna zona o región del estado, como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales”.
Esto es apenas el principio.
La Secretaría de Infraestructura validó un proyecto inexistente, autorizó el pago sin que, lógicamente, se hubiera entregado y le dio 264 millones de pesos a la empresa, es decir, el 96% del total contratado, sin que existiera siquiera el famoso proyecto ejecutivo.
De locos.
Por si fuera poco, de acuerdo con el currículo presentado por la propia empresa, como requisito para participar en esta ventajosa “invitación”, se concluye que no contaba con el perfil técnico requerido para llevar a cabo este tipo de obra.
En este contexto, es evidente que en la realización de este proyecto de infraestructura, no se cumplieron, ni de cerca, los criterios de legalidad y honestidad mínimos considerados en la ley.
Y este es apenas un modesto ejemplo.
No se trata de una excepción, al contrario, ésta fue la regla.
La misma logística perversa se llevó a cabo en la aplicación de los programas prioritarios de obra pública por cerca de ocho años, en detrimento de las finanzas públicas estatales.
¿Cómo lo explicarán los responsables cuando sean llamados a cuentas?
¿Qué dirán los beneficiarios de semejante atraco a las arcas poblanas?
“Lo mejor está por venir”-decían y sí, todo parece indicar que, al final, tenían mucha razón.
