Por Valentín Varillas
La victoria legal del ambientalista Martín Camacho Morales, quien durante años manejo el aviario del Parque Ecológico, no es cosa menor.
Si bien no ha tendido la caja de resonancia de otros temas relacionados directamente con el ámbito político, se trata de una muestra más de cómo, en el sexenio de Rafael Moreno Valle, se manipularon las instituciones públicas y se recurrió al compadrazgo y al amiguismo, para la obtención de beneficios al amparo del poder.
Hace 4 años, Profepa emprendió un juicio en contra de Camacho por presuntas violaciones a la Ley General de Vida Silvestre y le impuso una multa de 168 mil pesos.
Según la dependencia federal, a partir de una auditoría practicada por la recepción de varias “denuncias anónimas”, detectó irregularidades que “derivaron en el aseguramiento precautorio de 316 ejemplares de fauna silvestre, mismos que quedaron bajo resguardo y responsabilidad de Camacho”.
Generosas, las autoriades en materia de protección mabiental le dieron cinco días hábiles para acreditar la legal procedencia.
El resultado de la auditoría fue el siguiente:
“Se establece que incurrió en las infracciones establecidas en el artículo 122, fracciones II y X de la Ley General de Vida Silvestre, lo que derivó en una multa por $168,225.00 (ciento sesenta y ocho mil doscientos veinticinco pesos, 00/100, MN)”
El teatro habia sido ya montado y trascendía al plano de lo legal.
Al mismo tiempo, con una precisión de relojero suizo, el gobierno de Rafael Moreno Valle tenía ya listo un proyecto en donde le entregaba a la empresa Africam Safari el manejo del aviario por un período de 30 años.
Así le convenía al entonces gobernador y Camacho Morales era un obstáculo para sus planes.
Por eso, no tuvo empacho en echar mano de sus magníficas relaciones con el gobierno federal y emprender el embate jurídico en contra de quien se había hecho cargo del aviario desde 1991.
Un aviario que, mientras estuvo bajo control de Camacho, obtuvo reconcimientos por parte de instituciones como la UNAM y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Nada importó.
La primera batalla ganada por Martín Camacho se dio en el 2016, cuando el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la Sala especializada en Derecho Ambiental, falló a su favor, pero la Profepa recurrió a la apelación, que no procedió.
Ahora, existe una sentencia “lisa y llana” mediante la cual se ordena devolverle el manejo del aviario a Camacho y entregarle el mismo número de especies con las que contaba antes de haber sido concesionado a Africam.
¿Cómo lo harán?
La periodista Pame Tajonar, en su medio Tierra Baldía, publicó las siguientes líneas sobre el tema:
“En el ecocidio que sucedió en el Aviario del Parque Ecológico Revolución Mexicana, orquestado por el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, hay involucrados que deben ser sancionados por responsabilidad patrimonial por actividad irregular del estado, obvio Moreno Valle, que aunque ya murió, el daño que hizo debe ser juzgado y expuesto. La exdelegada de la Profepa, Alma Lucía Arzaluz Alonso, quien dio todas las autorizaciones sin protocolo alguno de protección para garantizar la vida de los animales, lo que era su obligación. El actual subdelegado de recursos naturales de la Profepa, Floriberto Milan Cantero, quien fue el inspector a cargo de ejecutar las órdenes de los dos anteriores. Y también los ‘expertos’ involucrados de Africam Safari que participaron en la captura y traslado de los animales al Parque Estatal Flor del Bosque, actividad que está evidenciada en las hojas con membrete del zoológico”.
Así, poco a poco, como un vergonzoso castillo de naipes, van cayendo todas las consignas que desde lo más alto del poder, operaron Moreno Valle y su grupo, ya sea por un interés político, económico, o bien para ajustar cuentas con quienes eran considerados ‘sus enemigos’”.
Y pensar que hay quienes de verdad añoran esos tiempos.
Lo que nos falta, todavía por ver.
Lo mejor está por venir.
