Dirigente del Movimiento Antorchista Nacional
Después de ocho largos meses de reclusión, finalmente lograron abandonar la cárcel de Querétaro los 4 campesinos y el dirigente antorchista que les hizo forzosa compañía, Rubén del Río Alonso, todos ellos encarcelados por órdenes del gobernador Francisco Garrido Patrón y de su Secretario General de gobierno, el feroz, temible yunquista Alfredo Botello Montes. Como se recordará, éstos y otros campesinos más que lograron su libertad con anterioridad, fueron acusados y encarcelados por despojo, motín, riesgo de devastación y resistencia de particulares, “delitos” prefabricados por órdenes de los antedichos para reprimir a los líderes de la comunidad de La Piedad, municipio de El Marqués, y para intimidar y doblegar a la población entera que se negaba (y se sigue negando) a que el gobierno la despoje de un pozo de su propiedad, que es el que surte de agua potable a la población.
No es momento para relatar la ordalía jurídica y política que tuvieron que vencer los presos y sus familiares, firmemente apoyados por los habitantes de La Piedad y por el Movimiento Antorchista queretano y nacional, para conseguir su liberación; baste por ahora informar que, después de casi un año de lucha, finalmente logró imponerse la opinión de un juez federal que exoneró a los acusados de todos los delitos graves, comenzando por el de despojo, gracias a lo cual pudieron salir libres bajo caución, lo que implica que se les hizo justica sólo a medias. Aun así, el amparo de la justicia federal deja perfectamente claro que los detenidos siempre fueron, y son, totalmente inocentes de los delitos que les imputaron, lo que quiere decir, en buen romance, que estuvieron presos ocho meses sin haber razón ni causa justificada para ello, simple y sencillamente porque así opera, así funciona la justicia en México, incongruencia que se ve tremendamente agravada con la manipulación desvergonzada de la ley por parte de los poderosos, cada vez que deciden usarla como garrote en contra del pueblo pobre, sumiso e indefenso.
Cuando salió de la cárcel la profesora Cristina Rosas Illescas, injustamente presa por tres años mediante las mismas sucias chicanas legaloides de ahora, por orden de los mismos verdugos y hasta en la misma cárcel, el Movimiento Antorchista Nacional celebró una concentración masiva en la ciudad de Querétaro para informar de la liberación de nuestra compañera. En el mitin frente al palacio desde donde “gobiernan” los carceleros de entonces y de ahora, me permití aclarar que no estábamos allí para desafiar a nadie ni mucho menos para celebrar una victoria, ya que yo no la veía por ningún lado. El evento tenía, expliqué, un motivo superior: denunciar la terrible injusticia de que había sido víctima la profesora Cristina Rosas, puesto que había sido robada, despojada de tres años de su fecunda vida, sólo por el capricho de unos tiranuelos que, escudados tras el poder que les da el voto popular, se consideran con derecho de hacer lo que a su capricho y a sus sucios intereses convenga. Terminé diciendo más o menos lo siguiente: aquí no hay victoria que celebrar sino burda injusticia que denunciar; el daño está hecho y nadie, absolutamente nadie, puede ni quiere repararlo. Hoy nos hemos dado cita para exigir, con base en lo que le han hecho a esta noble mujer, que nunca más se repita este tipo de atropello. Desgraciadamente, hoy me veo en la necesidad de repetir lo mismo con motivo de la excarcelación (que no libertad) de los presos de La Piedad. Fueron ocho meses de vil sevicia, ocho meses robados a sus vidas. ¿Quién les pagará el daño? ¿Quién les devolverá el tiempo perdido, robado a sus hijos, a sus esposas, a sus padres que sufrían pobreza agudizada por su ausencia y el dolor de verlos injustamente castigados? Desde luego que no serán sus verdugos, el gobernador panista Francisco Garrido Patrón y su cancerbero Alfredo Botello Montes, directamente responsables del crimen. Y quiero recordar, además, que todavía queda en la cárcel la menos culpable de todos, la limpia y generosa abogada Yesenia Valdés Flores, que ahí sigue esperando justicia.
Se dice que el edificio completo del derecho penal descansa sobre el principio de que todo acusado es inocente hasta que no se le demuestre (y de modo fehaciente) lo contrario. Si esto es así, con mayor razón debe admitirse que nadie puede ser castigado sin antes haberle probado su plena culpa; que hacer lo opuesto es entrar en contradicción flagrante con el principio citado, es decir, con el profundo sentido de justicia que lo anima. Pero en México, a nadie parece importarle esa contradicción que abre la puerta a graves abusos, como acaba de demostrarse en Querétaro. Nuestra legislación dice que basta que haya suficientes elementos para “presumir” la responsabilidad del acusado, para que el juez libre la orden de aprehensión correspondiente y aquél vaya a parar con todos sus huesos a la cárcel. Parece que ni los teóricos del derecho, ni quienes hacen las leyes, ni menos los que las aplican se dan cuenta de que, si hay elementos para “presumir” la culpabilidad del acusado, los hay también, necesariamente, para “presumir” su inocencia, pues, de no ser así, la “presunción” de culpa se tornaría en certeza plena.
¡Urge acabar con el abuso monstruoso de la prisión preventiva! Argumentar, en pleno siglo XXI (cuyos avances tecnológicos bastan y sobran para garantizar la localización de un indiciado dondequiera que se esconda), que la prisión preventiva es necesaria para evitar que el delincuente evada la justicia, me parece un anacronismo imperdonable, o, peor aún, un contubernio contra el verdadero espíritu de justicia con que debe ser tratado cualquier acusado. La prisión preventiva debe desaparecer, y el acusado no debe pisar la cárcel nunca, mientras no se acredite plenamente su culpabilidad. Si no, seguiremos presenciando crímenes de lesa justicia como los de Querétaro que aquí denuncio.
