Por Valentín Varillas
No, no únicamente fue la liberación de presos detenidos por la comisión de los más diversos delitos.
En Puebla, la implementación del nuevo sistema de justicia penal, obligatorio para todo el país, no se dio de manera ordenada y planeada.
Al contrario.
En la transición hacia las nuevas reglas del juego imperó la anarquía y la desorganización.
Por ejemplo, la Fiscalía General del Estado concentró a más de treinta Ministerios Públicos de la dirección Metropolitana Sur, en la entonces recién inaugurada Casa de Justicia de San Andrés Cholula.
¿Se imagina?
Si de por sí el caos, la burocracia y la ineficiencia reinan en cada uno de estos auténticos palacios de la corrupción y la impunidad, piense en todos ellos juntos, operando en una misma sede.
Pero eso no es todo.
Lo realmente grave, lo que tiene una incidencia directa en las condiciones en los resultados del sistema de procuración de justicia poblano es que, para volver operativo lo anterior y evitar que la medida colapsara, desde lo más alto de la Fiscalía se dio la orden de archivar más de 50 mil averiguaciones previas.
Sí, así como lo lee.
Estas averiguaciones, que cada una supone al menos la comisión de un delito, irán a parar a la congeladora, al olvido, como si nada hubiera pasado.
¿Cómo se eliminaron?
¿Bajo qué criterios?
¿Son producto de la comisión de delitos graves o no?
Seguramente, en semejante cantidad de denuncias, estarán incluidas varias acciones delictivas que dañan severamente el tejido social como el secuestro, la extorsión, el asesinato y demás.
La auténtica Ley de la Selva.
Las consecuencias que esto tendrá serán de antología.
Empiezan a verse ya, pero no en toda su magnitud.
Y es que, mientras en la retórica oficial se invita a los ciudadanos a ensayar una cultura de la denuncia como la más eficiente arma en contra de la inseguridad, 50 mil potenciales delincuentes, de un plumazo y bajo el amparo de las instituciones del estado, no pagarán ante la ley por los delitos que cometieron.
Sin embargo, hay más.
Con la actual planta laboral y el enorme rezago que existe en el tema de la procuración de justicia, será materialmente imposible que se cumpla con el requisito de la notificación personal a quien o a quienes se les acuse de haber violado la ley.
Y vendrá no una lluvia, sino un auténtico aguacero de amparos que hará todavía más improbable que los jueces tengan bases sólidas para emitir sentencias en contra de auténticos pillos, que libremente seguirán haciendo de las suyas, sin nada que temer.
Ese no es el espíritu del nuevo sistema de justicia penal, pero en la práctica, en estados como Puebla, éstas son ya las consecuencias.
Y lo que falta.
Peor. Imposible.
