Alrededor de la instalación del ya polémico Walmart en la unidad habitacional La Margarita se tejen una gran cantidad de historias protagonizadas por los más variados personajes.
Historias salpicadas de tramas que tienen trasfondos diversos, pero un solo fin: sacar un beneficio económico de las áreas comunes de la Unidad Habitacional.
Sucedió el día miércoles 18 de marzo, alrededor de la una de la tarde.
Los trabajadores contratados por CARPIR (empresa que tiene el contrato para la construcción de Walmart) se encontraban realizando obras de reforestación en la manzana 36 del Infonavit La Margarita, cuando se presentaron los señores Víctor Rendón García y José Ubaldo Roberto Alvarado y Eliosa, supuestos representante legal y presidente respectivamente, del Comisariado Ejidal de San Baltazar Campeche, junto con varios ejidatarios, para exigir a los trabajadores que detuvieran sus labores debido a que el predio era propiedad del Ejido.
No lo hicieron.
Alrededor de las cuatro de la tarde regresaron los ejidatarios, junto con una patrulla de la Policía Municipal, detuvieron a los trabajadores y los trasladaron a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ubicadas en Rancho Colorado.
No fue sino hasta las 18:30 horas que los trabajadores fueron remitidos a la Agencia del Ministerio Público en la Margarita, sin embargo no fueron puestos a disposición de la Ministerio Público hasta aproximadamente las 9 de la noche.
Esto significa que estuvieron dos horas y media aproximadamente detenidos de manera ilegal.
Víctor Rendón García y José Ubaldo Roberto Alvarado y Eliosa denunciaron un supuesto daño en propiedad ajena, radicándose bajo el número de averiguación 308/2009/SEXTA/DAUM/DMSII, denuncia interpuesta después de las 21:00 horas y en donde se pretendió acreditar la tendencia del predio con un plano emitido por un perito de la Procuraduría dentro de un Juicio de Amparo.
Sin embargo, no exhibieron planos expedidos por el Registro Agrario Nacional.
Fue hasta las nueve de la noche del día 18 de marzo cuando la agente del Ministerio Público inició la averiguación tomando el testimonio y las declaraciones de los presuntos agraviados, así como con el señalamiento de los presuntos responsables, con la inspección ocular y con la solicitud del reporte de daños.
No fue hasta el día 19 de marzo que se tomó la declaración a los trabajadores, estableciéndose como defensa que el predio donde se realizaron los trabajos pertenece al Infonavit, presentando ante la Ministerio Público las escrituras y planos oficiales que amparaban la propiedad.
Alrededor de las 20:30 horas del día 19 de marzo, los trabajadores fueron liberados por falta de elementos, decretándose su inmediata libertad.
Se trata de la respuesta de quienes se han opuesto a que un grupo determinado controle y maneje las áreas verdes y zonas comunes de la unidad habitacional.
Respuesta que, por desgracia, está llena de abusos y aberraciones legales que no pueden ni deben tolerarse.
En teoría, una ilegalidad no puede combatirse con otra mayor.
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