Por: Valentín Varillas
En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Puebla aseguran que no dan los resultados que los ciudadanos esperamos de ella, por culpa del gobierno estatal.
En un documento oficial que es parte de un juicio laboral que se ventila en esta instancia, existen párrafos reveladores que no dejan lugar a dudas.
La representación legal de un ciudadano que acudió a la Junta, en aras de obtener justicia laboral, se enfrentó al monstruo burocrático y se sorprendió por la fecha, muy lejana por cierto, en la que programaron su audiencia:
“Por lo que hace a la fecha lejana de la audiencia, no es por negligencia, dolo o mala fe por parte de esta H. Junta, sino en razón de que esta (sic) cuenta con excesiva carga de trabajo en desproporción (resic) de la capacidad instalada y a los recursos insuficientes materiales y humanos con que cuenta este tribunal, para atender la enorme demanda de usuarios que intervienen en juicios laborales, lo que se traduce en un rezago justificado que impide dentro de los términos legales previamente establecidos por la ley por tratarse de causas de fuerza mayor”.
¿Cómo ve?
El documento lo firma la Auxiliar de la Junta Especial Número 2, la Lic. Susana Solimán Cárcamo.
En su visión, para el gobierno de Puebla no ha sido prioritario el proveer justicia laboral de manera rápida y expedita.
Es decir, no ha sido ni es importante.
Por eso, no ha destinado la cantidad de recursos humanos y materiales necesarios para alcanzar ese fin.
Lo raro es que, este tema en específico jamás se maneja en el discurso oficial.
No existe un reconocimiento abierto de semejante aberración para los parámetros fijados por un gobierno que se vende como ejemplo de eficiencia y eficacia.
Jamás lo hemos escuchado en los siempre optimistas y autocomplacientes informes.
Pero, ¿qué opinará el presidente de la Junta, Rubén Huerta, de semejante destello de honestidad por parte de uno de sus subordinados, reflejado en un documento oficial?
Y es que, históricamente, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Puebla y sus titulares se han comportado siempre como fieles gatilleros del gobernador en turno.
Invariablemente, se han puesto siempre del lado oficial, dejando a un lado la obligación de hacer valer la ley independientemente de quienes sean los demandantes y los demandados.
El caso más emblemático en esta administración ha sido el de los más de 14 mil trabajadores al servicio del estado despedidos en los últimos 5 años.
El actuar de la Junta ha sido penoso.
Para favorecer al gobierno estatal ha dilatado y manipulado el caso de tal manera, que los demandantes han tenido que interponer amparos indirectos en Juzgados de Distrito, ante la tramposa pasividad mostrada por el órgano laboral.
La búsqueda del justo pago de los derechos laborales de estos miles de poblanos, no ha podido derrotar a la monumental sumisión de la Junta al gobierno que la manda, controla y vapulea.
Ya nos quedó claro, sin embargo, cuál es la verdadera razón que explica el enorme fracaso de la impartición de justicia laboral en Puebla.
Las líneas citadas son, por decir lo menos, reveladoras.
La pregunta que queda en el aire ahora es: ¿cuántas cabezas costará la confesión?
