El rector de la UDLA, Luis Ernesto Derbez anunció hace algunos días la decisión tomada por la institución de empezar a operar de inmediato la comercialización de las viviendas comprendidas en la zona habitacional de la universidad.
Desde hace décadas, esta prestación se convirtió en una de las más apreciadas, valoradas y ambicionadas por parte de la planta académica universitaria y sirvió además como un muy eficiente sistema para premiar o castigar a quienes en un momento dado servían a los intereses de los rectores en turno.
Los “consentidos” o a quienes era importante sumar a determinados proyectos recibían sin chistar casas habitación de muy buen tamaño, con acabados muy dignos, en una zona francamente envidiable y con todos los servicios a la mano.
Quienes jugaban el siempre incómodo papel de la disidencia docente podían pasar años en la lista de espera y a pesar de sus logros académicos o del tiempo transcurrido al servicio de la institución, la prestación jamás llegaba.
Lo anterior cambió con la llegada de Derbez, tan sólo en parte.
Mientras el rector asegura que la prestación dejó de ser efectiva “hace diez años”, en ese período de tiempo se siguieron entregando las viviendas a discreción, bajo los mismos criterios convenencieros arriba señalados.
Es más, el propio rector y el personal de confianza que trajo consigo viven actualmente en la zona residencial de la UDLA.
Nada mal para una prestación que en teoría ya no existe.
Por cierto, una de las razones que le propio rector ha esgrimido para justificar la decisión tiene que ver con supuestos daños estructurales a varias viviendas producto de “modificaciones realizadas fuera de la norma por quienes habitaban estas viviendas”, lo cual en los hechos es una auténtica contradicción.
Y es que, mientras quienes viven ahí aseguran jamás haber recibido las autorizaciones correspondientes para hace esas modificaciones estructurales de las que habla Derbez, son precisamente las viviendas que hoy habitan él y sus consentidos las que han sido transformadas estructural y estéticamente.
Por cierto, algunas casas que actualmente se encuentran en mal estado o bien son utilizadas como bodega por la institución serán derrumbadas para comercializa sólo los terrenos correspondientes.
Lo cierto es que, más allá de criterios puramente técnicos, la decisión puede tener como trasfondo la intención de que la institución se haga de recursos económicos adicionales, en un entorno financiero que luce en el papel francamente complicado.
A pesar de que en el discurso oficial se maneja de forma obsesiva que si bien existe una feroz competencia entre instituciones educativas en Puebla, la matrícula de la UDLA no ha disminuido desde hace años, lo cierto es que los efectos de la crisis económica mundial y la caída en picada de algunos indicadores académicos en diferentes programas de la universidad han redundado en menores apoyos por parte de instancias nacionales e internacionales para financiar proyectos prioritarios para la universidad.
Ahora bien, el éxito de un proyecto inmobiliario que intente poner a la venta los predios o rentar las casas existentes a valor comercial, por la zona y las características del lugar está prácticamente asegurado y sin duda será una fuente de ingresos muy atractiva para la institución.
Sin embargo, la consecuencia natural de una acción como esta será que, ante los bajos sueldos que recibe el personal académico de la universidad y el detrimento sistemático de su paquete de prestaciones, la renta de una vivienda en este lugar o la compra de un predio ahí se convertirán en algo prohibitivo para ellos, sin contar que, a partir de ahora, trabajar como académico de la UDLA dejará de ser tan atractivo como lo era antes.
Por cierto ¿qué harán quienes viven ahí actualmente y no puedan pagar el valor comercial de la renta de su vivienda?
Si quiere profundizar en el tema, consulte la investigación y los videos de Javier Vega y Juan Manuel Ramírez en notasudla.blogspot.com
Vale la pena.
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