Por: Valentín Varillas
Operadores y estrategas, en ambos lados del espectro político poblano, empiezan ya a curarse en salud acusando al adversario de tener un maléfico plan para desestabilizar el proceso electoral, a través de una estrategia que pretende generar un clima de violencia el día de la elección.
Unos y otros se acusan ya de tener listos a golpeadores profesionales, integrantes de las despiadadas pandillas poblanas, a grupos de choque provenientes de otros estados de la República y hasta miembros de la temidísima banda de los “Mara Salvatrucha”, con el único objetivo de ahuyentar a los poblanos de los centros de votación.
¿Quién gana y quién pierde con lo anterior?
Parece complicado saber con certeza cuáles serían las consecuencias en términos de costo-beneficio electoral de llevar a cabo un plan con estas características.
Sin embargo, a simple vista, pareciera que los dos candidatos con posibilidades de triunfo podrían obtener algunas ventajas competitivas.
Por ejemplo, una elección con menos votantes vuelva más eficiente la operación de la estructura morenovallista a favor del candidato del PAN, Tony Gali.
Con menos ciudadanos “libres” en las urnas -que no pertenezcan a un partido o responsan directamente a los intereses de un candidato, y que acudan de forma espontánea a participar- mayor es el peso específico del “voto oficial” en el resultado final.
A mayor abstencionismo, mayores son las posibilidades de fortalecer el “status-quo” y, por lo tanto, la continuidad del actual grupo en el poder.
Jamás lo reconocerán públicamente, pero la apuesta en las huestes del gobernador y su grupo va en el sentido de que acudan a votar menos del 50% de los miembros del padrón electoral poblano.
De esta manera, juran, la victoria sería un hecho.
Por el lado del PRI, es evidente que este partido busca, a toda costa, la judicialización del proceso electoral como estrategia única de sobrevivencia.
Desde hace semanas, se han dedicado a llevar puntual registro de conductas y acciones que pudieran ser consideradas como “delitos” por los órganos de administración de justicia electoral.
De desatarase la violencia –independientemente de quien sea el responsable de generarla- tomaría fuerza el argumento de que en el estado no existieron las condiciones de tranquilidad y paz social necesarias para el libre ejercicio del voto.
Con parte de los argumentos que aquí le relato, podrían culpar a instancias oficiales de generar intencionalmente el abstencionismo para beneficio propio.
Llevar el proceso a tribunales parece ser, en este momento, su mejor apuesta.
A estas alturas de la elección, pudiera parecer casi imposible que el Tribunal Electoral Federal le diera el triunfo a la candidata del PRI, pero no resulta descabellado pensar en que la verdadera apuesta del tricolor fuera que éste ordenara la repetición del proceso.
Un escenario similar al que ocurrió recientemente en Colima.
De esta manera, este partido tendría la posibilidad de redefinir su estrategia e intentar sumar de manera más efectiva a los opositores del actual grupo en el poder, blandiendo la tan socorrida bandera del “voto útil” y buscar un posible triunfo que bajo las actuales condiciones parece imposible de lograr.
Más allá del beneficio de los partidos, un escenario de violencia afectaría realmente al ciudadano responsable, que acude a ejercer su derecho al voto y a cumplir con la obligación cívica de tener una participación activa en la selección de nuestros gobernantes.
El simple acto de ir a votar, representa para miles de familias poblanas todo un acontecimiento que es motivo para la convivencia entre sus integrantes.
Ponerlos en riesgo por intereses políticos mezquinos sería una apuesta muy arriesgada en donde el principal perdedor sería el gobierno estatal, principal responsable de garantizar condiciones de paz y tranquilidad para el buen desarrollo de una jornada democrática que ojalá sea ejemplo de amplia participación ciudadana.
