Por Shanik David
Al acusar ataques en su contra a lo largo del actual sexenio, siendo lo más reciente la manipulación de la información que publicó como parte de su declaración “3 de 3”, Blanca Alcalá Ruiz lanzó un reto concreto al candidato de Sigamos Adelante José Antonio Gali Fayad: que para este lunes transparente también sus declaraciones patrimonial, de conflicto de intereses y fiscal, y que se someta él y su familia al antidopping, situación que no sólo le valió criticas de mentirosa por parte del vocero de la campaña panista, Javier Lozano Alarcón, sino la amenaza de denuncias en su contra.
Fue la mañana de este domingo cuando la candidata del Partido Revolucionario Institucional recordó una serie de ataques que se han dado a lo largo de este sexenio en su contra, el cual incluso incluyó la falsificación de firmas y la manipulación de documentos oficiales para dañar su imagen pública.
Ahora durante la actual contienda electoral, dijo, “he sido atacada con temas misóginos y discriminatorios”, en particular porque se ha manejado una crítica sistemática en su contra por el hecho de haber nacido en Tlaxcala.
Además, luego de que difundió su “3 de 3” se han hecho señalamientos sobre la supuesta falsedad de la información que ahí presenta, pues se le imputan la propiedad de edificios y casas, lo cual declaró como falso.
Por esta razón, puso un plazo de 24 horas, que se vencerían este lunes por la mañana, para que Gali Fayad presente su “3 de 3”, lo cual a un mes de la campaña no ha hecho, además de que abra sus puertas a los poblanos para que se pueda demostrar la forma en la que vive cada uno de los candidatos “y sepan quién miente”.
Y para ir más allá del reto que lanzó hace unos días Roxana Luna Porquillo, candidata del PRD, para que los aspirantes a la minigubernatura se hagan una prueba de polígrafo espetó: “hagámonos el antidopping todos, incluidos los integrantes de nuestras familias, para que la gente conozca nuestro núcleo familiar y los valores que existen en ella y de quién nos va a gobernar”.
Lozano anuncia denuncias penales contra Alcalá
Horas más tarde, Javier Lozano Alarcón, acompañado por el delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Nacional, Marcelo García Almaguer, y el presidente del Comité Directivo Municipal, Pablo Rodríguez Regordosa, salió a defender al candidato albiazul y criticar de manera enfática el posicionamiento hecho por la aspirante del tricolor.
En primer lugar dijo, indignado, que hasta el momento Alcalá Ruiz no ha dado una explicación concreta sobre las acusaciones que se han hecho en su contra por el supuesto tráfico de influencias para la obtención de permisos para la gasolinera de la cual es socia o incluso para una empresa inmobiliaria con la cual se le señala.
Además, apuntó qeu la crítica hecha por la senadora con licencia sobre el patrimonio de Gali Fayad carece de sustento no solo porque no presenta pruebas, sino porque desde la elección pasada se había dado un escenario similar del cual el expresidente municipal salió bien librado.
Recordó que durante la contienda por la alcaldía de Puebla se emitieron criticas sobre el supuesto patrimonio excesivo de Gali Fayad, tema que fue investigado por la Procuraduría General de la República que determinó en 2014 no emitir acción penal en contra del ya edil de la capital.
Por esta razón, minimizó la situación y adelantó que en los próximos días se presentarán denuncias penales en contra de Alcalá Ruiz, tanto en instancias estatales como federales, por lo delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Explicó que esto sería por las acusaciones que se han hecho de que durante su trienio al frente del ayuntamiento de Puebla, Alcalá Ruiz adjudicó cinco contratos -por un valor estimado de 12 millones de pesos-, a Desarrollo Habitania, empresa propiedad de Jesús Alejandro López Márquez, con quien después la aspirante a la minigubernatura formó la empresa Estilos Constructivos Sustentables, según difundió el periódico Milenio Puebla hace unos días.
El senador panista apuntó que serán las instancias correspondientes las que determinen si hubo o no algún tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito o violaciones a la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos.
