Por Shanik David
Los casos de Enedina Rosas Vélez, Abraham Cordero Calderón, Juan Carlos Flores Solía, Leonardo Báez Serrano y Raúl Pérez Velázquez fueron contemplados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como ejemplos de las agresiones que se han cometido contra defensores de derechos humanos en los últimos años.
Destaca que en estos cincos casos, si bien cuatro ya han salieron de prisión y sólo sigue encarcelado el presidente de La Resurrección, la autoridad estatal ha sido enfática al referir que todos cometieron delitos y que por eso fueron procesados.
Incluso Enedina Rosas es la única que goza de plena libertad, pues no se pudieron sostener los cargos que se le habían imputado, mientras que el resto continúa sus procesos fuera de la cárcel.
Ante la situación que se vive en el país en la actualidad, la CNDH emitió al recomendación general número 25, en la cual describe una serie de sucesos y ataques que se han dado en contra de personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos más fundamentales.
De manera puntual en el documento se indica que la Comisión “observa con preocupación que el nivel de agresiones a defensores civiles se ha incrementado en los últimos cuatro años, que dichas agresiones son atribuidas frecuentemente a servidores públicos y que, no obstante lo anterior, las instituciones encargadas de la administración y procuración de justicia carecen de información sistematizada que permita identificar de manera clara y precisa el número real de agresiones y delitos cometidos en su contra vinculados a su actividad”.
Además se lamemta que hay una omisión por parte del Estado Méxicano por dar seguimiento a los protocolos para la atención y defensa de los activistas en todo el país.
Para fundamentar la recomendación, la CNDH solicitó informes puntuales a las Procuradurías Generales de los estados, incluida la de Puebla, aunque ésta entregó información mínima.
Por ejemplo sobre investigaciones relacionadas con ataques a activistas solo reportó dos carpetas de investigación: una en la cual se ejerció acción penal por el delito de robo de vehículo y homicidio calificado, y otra más en la que se dictó auto de formal prisión por el asesinato de un defensor; sin embargo en el documento no se indican los nombres de los personajes vinculados con estos casos, para proteger la identidad de las víctimas.
También destaca que se solicitaron informes a las Comisiones de los Derechos Humanos en los estados, en las cuales se requería el número de quejas y recomendaciones relacionadas con ataques a activistas entre enero de 2000 a 2015; de esta manera el organismo que encabeza Adolfo López Badillo reportó que en dicho lapso se recibieron 38 quejas.
Esta cifra pone a Puebla en primer lugar en número de denuncias presentadas ante las instancias de derechos humanos, empatando con el Estado de México, y por encima de estados como Oaxaca y Guerrero.
Sin embargo, en lo relacionado con el número de recomendaciones, en el cuadro que incluye el ombudsman federal en el documento se indica que la Comisión Estatal no proporcionó la información requerida.
Los casos
Como parte del análisis del panórama a nivel nacional se hace una descripción de 29 activistas que han sido detenidos, agredidos o incluso desaparecidos en los últimos años, de los cuales cinco casos corresponden de manera concreta al estado de Puebla.
Por un lado se indica el caso de los tres activistas que se oponían a la construcción del gasoducto Morelos, por las afectaciones a los campos de cultivo y despojo a los campesinos del estado de Puebla.
Sin dar los nombres concretos, pero con indicaciones que evidencían la identidad de las tres víctimas relacionadas con este caso, la CNDH hace alusión a Enedina Rosas Vélez, comisaria ejidal de Felipe Xonacayucan, quien fue detenida a principios de abril de 2014, acusada de haber agredido a un trabajador de la empresa Bonatti y haberle robado un teléfono celular; la líder campesina tenía en ese momento 60 años de edad.
Días después se detuvo a Juan Carlos Flores Solís, representante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, luego de que acudió a la CDH del estado a presentar una queja por la detención de Rosas Vélez. Al día siguiente, Abraham Cordero Calderón, líder del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de Texmelucan y la Sierra Nevada, dio una rueda de prensa para lamentar la detención de sus compañeros de lucha y asegurar que el movimiento en contra del gasoducto continuaría; al llegar a San Martín Texmelucan fue detenido. Todos estos casos se dieron en el plazo de una semana.
“Por su actividad, (V14), (V15) y (V16) fueron detenidas por parte de elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, ya que se oponían a proyectos que afectarían a diversas comunidades y posteriormente, fueron consignadas por la autoridad judicial estatal por diversos delitos tales como motín y robo originando las causas penales (CP1), (CP2) y (CP3). Actualmente, las 3 personas defensoras se encuentran en libertad”, se indica de manera clara en la recomendación de la CNDH, con lo cual se descarta el discurso oficial de que los activistas fueron detenidos por cometer delitos.
Destaca que también se incluyen en el informe los casos de Raúl Pérez Velázquez y Leobardo Báez Serrano, presidentes de San Miguel Canoa y La Resurrección, respectivamente, y se indica que ambos siguen en prisión; esto se debe a que la información requerida para la recomendación data de noviembre, y el edil de Canoa fue liberado de manera discreta en diciembre pasado.
En ambos casos sucede lo mismo que con los opositores del gasoducto, aunque han sido catalogados como delincuentes por la autoridad, el ombudsman es puntual al indicar que la detención de ambos se debe a su rechazo a “diversas reformas legales que impactaban la administración de su localidad”, es decir la modificación a la Ley Orgánica Municipal que le quitó las facultades a las presidencias auxiliares.
Sin embargo, destaca que, si bien en Puebla es recurrente la detención de activistas, en los últimos años sólo se ha dado el asesinato de uno en la Sierra Norte, siendo éste el caso de Antonio Esteban Cruz, aunque este no se contempla en el informe.
“La relevancia de la labor desarrollada por las personas defensoras de derechos humanos radica en que forman parte del proceso de construcción de una sociedad democrática, pues ejercen la crítica y la denuncia sobre el quehacer de los actores públicos y privados, y debido a ello en ocasiones son sometidos a represalias, intimidaciones, amenazas, agresiones, e inclusive se inician procedimientos penales en su contra” se reflexiona en la recomendación publicada este lunes.
