Por: Jesús Manuel Hernández
Muy pocos se sorprendieron de la autorización por mayoría, priísta y panista, de la designación del nuevo Fiscal General de Puebla. Era un triunfo morenovallista anunciado y festejado a su modo.
Sin duda se trata de un fiscal a modo de los intereses de los grupos de poder locales y algunos ámbitos nacionales. Con ello se da cumplimiento a uno de los escalones que había de subir para pulsar la sucesión en 2016.
Rodeado de una especie de misterio, Víctor Carrancá llegó a Puebla con recomendaciones de “abogados” al primer círculo del candidato electo hace casi seis años. Pasó la prueba del análisis, fue sometido a la compulsa de la investigación y finalmente fue aceptado por que dos o tres influyentes así lo decidieron.
En aquél momento se le presentó como un académico, un estudioso, heredero de un apellido notable en el mundo jurídico. Poco se habló de su historial relacionado con un común denominador que le ha rodeado: las indecisiones.
En los cinco años que lleva como Procurador de Justicia no ha brillado. No ha sido una figura notable, ha servido perfectamente al modelo ideado desde y para el morenovallismo; ese, a final de cuentas ha sido el sello que le ha dado el aporte principal para y trascender en el mando de la fiscalía hasta siete años más.
En este lustro no se ha integrado a la sociedad poblana, ni siquiera lo ha intentado; más bien ha convivido cercanamente al primer círculo de poder, obedientemente ha seguido instrucciones, implementando la parte técnica de su papel a fin de conseguir que a la luz pública todo cuadre, todo se vea dentro del marco de la ley; a fin de cuentas, los anteriores tampoco fueron muy transparentes en la materia.
Víctor Carrancá no es ni más ni menos que los anteriores procuradores, empleados del ejecutivo, con un papel de primer orden, estelar en el guion de hacer la justicia en los bueyes del compadre, pero nunca en los propios.
Los casos de las mujeres asesinadas, el feminicidio que rodea a las poblanas; los presos políticos cuyos derechos humanos han sido pisoteados; la culpabilidad imputada a la madre de José Luis Teuatlíe por llevarlo a la manifestación de los habitantes de Chalchihuapan que pedían el regreso del Registro Civil y que la costó la vida, provocada, según teoría de Carrancá por un “cohetón” o de una ”piedra de grueso calibre”, según uno de sus patrocinadores, hoy protegido por el fuero federal. El tema está en el escenario internacional de los Derechos Humanos y sigue su curso.
Lo que ha demostrado Carrancá en su historia de vida como funcionario en el DF y en Puebla es ser un experto en fabricar expedientes y si no pregúntele a Google.
Tres meses antes, dos de los aspirantes a la candidatura del PRI por la minigubernatura ofrecían como puente de plata su designación para garantizar una transición transparente. Y se cumplió.
Según los profesionales del derecho, Víctor Carrancá no tiene precisamente atributos profesionales para desempeñarse en el cargo, ni siquiera tiene el reconocimiento del foro poblano.
Pero Carrancá ha demostrado, en cambio, algo que al gobernador le parece útil en estos y en los futuros momentos: representa la suma de varios intereses, el de un exgobernador con influencia actual, el de un ex secretario general de gobierno, y el de un socio de la familia.
Aunque tal vez el atributo más importante encontrado por Rafael en el análisis sea que su carácter no ha asomado como muchos esperaban, o sea, el de la sumisión.
Quizá por ello Fernando Fernández Font, a fin de cuentas líder moral y social, haya declarado hace unos días que en Puebla no hay derechos humanos, no se respetan.
Y si eso lo dice el rector de la Ibero Puebla, es que esa es la percepción de la sociedad poblana, salvo, claro está la del grupo en el poder.
O por lo menos así me lo parece.
