Por Shanik David
Desde febrero pasado, integrantes del Centro de Derechos Humanos Joel Arriaga Navarro ya tenían conocimiento de los conflictos sociales que se viven en el estado, y aunque habían solicitado una reunión con diputados, funcionarios y hasta el ombudsman, esta nunca se concretó.
Fernando Cuéllar Múñoz, representante de la organización, recordó que en esa ocasión se buscó a los diputados de las comisiones de Seguridad Pública y de Derechos Humanos, para tratar con ellos el caso de Nealtican y el conflicto que tenían por el paso del Gasoducto Morelos, así como otros temas de problemas sociales.
Sin embargo, el día de la reunión ninguno de los invitados acudió, e incluso se les negó el ingreso a las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del estado, donde se había acordado que se llevaría a cabo el encuentro.
Esta es tan sólo una nuestra de la cerrazón que hay de parte de las autoridades y la ausencia de verdaderas políticas públicas en favor de los derechos humanos y la seguridad pública, lo cual ha derivado en casos como el de Ajalpan, acusó el activista, al señalar que con la reunión la idea era “anticiparnos a este tipo de conflictos”, pero en vez de esto continua la falta de gobernabilidad en la entidad.
Agregó que en estado no hay autoridad, pues incluso el propio gobernador está más preocupado en el posicionamiento de su imagen política que en atender los temas y problemas que hay en los municipios.
Fernando Cuéllar incluso comentó que aunque el gobierno del estado se ha mantenido distante estos asuntos, han sostenido reuniones periódicas con funcionados de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación federal, con quienes han planteado el caso de la violencia que se vive en los municipios de Puebla.
Y es que, recordó, en agosto pasado sostuvieron un encuentro con el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, a quien también le plantearon el caso de Puebla y se logró la vinculación con la Segob federal.
Además, todos estos temas relacionados con los problemas sociales que se viven en Puebla serán llevados en breve al pleno del Congreso de la Unión, para que se tomen acciones desde estas instancias para evitar casos similares al de Ajalpan.
