Por Shanik David
A más de tres años de que abrieron sus puertas las primeras franquicias operadas por el gobierno del estado de Puebla, éstas se manejan en la completa opacidad, ya que detrás se encuentran intereses de empresarios e incluso de servidores públicos.
Fernando Treviño Núñez y Jair Rivelino Aguilar Cabrera, líderes de las principales cámaras empresariales en el estado, han sido de los más beneficiados con este modelo de negocios que ha implementado el gobierno estatal, pues están registrados como los titulares de la marca Coffee York, en la cual la administración morenovallista, por parte del organismo público descentralizado Convenciones y Parques, destinó poco más de 11 millones de pesos en 2014.
A esto se suma que Francisco Monterrosas Sosa, empresario con negro historial está involucradas con algunas de las marcas que han sido contratadas por la administración pública estatal.
Destaca además que Puebla es el único estado a nivel nacional que ha adquirido los derechos de franquicias para su operación por parte de entes gubernamentales, según se constató por medio de una investigación hecha através de los sistemas de transparencia de los gobiernos de los estados de todo el país.
Las marcas
Desde 2012, con la renovación de la zona histórica de los Fuertes, el gobierno estatal decidió instalar cafeterías y restaurantes en las áreas públicas, bajo el argumento de que el dinero que se generaría en éstos sería empleado para el mantenimiento de las mismas.
Fue así que, al paso de tres años, el gobierno reporta ser propietario de los derechos de tres cafés Punta del Cielo, tres The Coffee York World Famous Mid Town Café, un 100 % Natural, Pastalicious, Emiliano’s, Cemitas El Carmen, Mi Viejo Pueblito y The Italian Coffee Company.
Sin embargo, la Unidad de Acceso a la Información de Convenciones y Parques tiene como reservada toda la información relacionada con el costo de los derechos de operación de estas marcas, la duración de los mismos y demás datos relacionados con el funcionamiento de estos establecimientos, bajo el supuesto de que darlos a conocer pondría en riesgo la operación de los mismos -lo cual ha sido respaldado por los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Información Pública del estado cuando el tema ha llegado a esta instancia-.
Ante esto, se solicitó vía transparencia al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) información sobre el registro de los contratos hechos por el gobierno del estado de Puebla con los empresarios para el funcionamiento de estos establecimientos, ante lo cual el organismo federal respondió no tener en sus archivos información relacionada con este asunto.
Aunque, se indica en el oficio en propiedad de este medio, no es obligatorio registrar ante la federación los contratos de compra de derechos para el funcionamiento de franquicias; lo único que se debe hacer público es el registro oficial de la marca en sí.
Los empresarios
Así pues, se hizo una revisión por medio del sistema Marcanet del IMPI de cada de los registros de las marcas con las cuales ha firmado contratos la administración de Rafael Moreno Valle en los últimos años.
Fue así como se encontró que la marca The Coffee York World Famous Mid Town Café, fue registrada por Jair Rivelino Aguilar Cabrera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), en asociación con Fernando Treviño Núñez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Además, Treviño Núñez también funje como apoderado de la marca Emiliano’s la cual está registrada a nombre de Fernando García Cernicchiaro; también resalta que Cemitas El Carmen está dada de alta ante la IMPI a nombre de Ramiro Vivanco Chedraui, político militante del Partido Verde Ecologista de México y delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Tlaxcala.
Sin embargo, el nombre que destaca es el de Francisco Monterrosas Sosa, expresidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope), quien también es apoderado de la marca Pastalicious, la cual fue iniciada por Carlos Anaya Fiallega, joven empresario egresado de la Universidad de las Américas Puebla.
Esto pues a pesar de que el empresario tiene investigaciones abiertas en su contra por posibles fraudes financieros, resultó beneficiado con los contratos del gobierno estatal.
El exlíder empresarial tiene sobre sí una investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) por la falta de aclaración de la aplicación de un subsidio de 23.8 millones de pesos que recibió la Canacope entre 2009 y 2010 por parte de la administración de Mario Marín Torres.
Estos recursos debieron ser empleados para la realización de eventos de promoción empresarial e incluso giras para la difusión de los proyectos de inversión en el estado, pero lo cual no fue clarificado ante las autoridades por parte del empresario.
Incluso, se tiene documentado que Monterrosas Sosa apoyó al actual presidente municipal de Puebla, José Antonio Gali Fayad, en su campaña de 2013, cuando ya se encontraban en operación los primeros Coffee Yorks instalados en parques que el edil capitalino había rehabilitado a su paso por la administración estatal como secretario de Infraestructura.
La opacidad y vacíos legales
Como ya se ha mencionado anteriormente, CyP mantiene el tema de las franquicias en completa opacidad, pues la única información que se ha revelado de manera oficial fue el listado de los 12 establecimientos que había adquirido hasta principios de este año.
Esta la dio a conocer por medio de la solicitud de información 00024715, pero después de ésta el resto de las peticiones presentadas han sido negadas.
Para esta investigación se presentaron solicitudes en las que se requería, por ejemplo, los estudios financieros o documentos que justificaran la compra de franquicias como un modelo de negocio viable para la administración pública estatal, los ingresos generados por las franquicias -esto de manera generalizada sólo detallando por mes-, así como el destino que se le daba a los recursos obtenidos por estos establecimientos.
En las respuestas a cada una de las solicitudes se indicaba que el 23 de septiembre de 2013 se firmó un acuerdo de reserva de toda la información “que se genere, obtenga, transforme o conserve, que se encuentra directa o indirectamente vinculada a las unidades de servicios en la modalidad de franquicias”.
Sin embargo, esta reserva no es la única anomalía que se detectó como parte de esta investigación, pues incluso los primeros contratos fueron firmados sin que se tuviera facultad para establecer estas relaciones comerciales.
Las primeras cafeterías propiedad del gobierno del estado, un Coffee York y un Punta del Cielo que se encuentran en la zona de los fuertes, iniciaron su operación en mayo de 2012, sin embargo el organismo público Convenciones y Parques, en ese entonces Centro de Convenciones Puebla, no tenía en su Decreto de Creación establecida la facultad de firmar estos contratos.
Fue hasta el 19 de marzo de 2014 cuando se publicó en el Periódico Oficial del Estado la reforma al Decreto de Creación del organismo antes mencionado, en la cual se agregó la fracción XII al artículo 3, que detalla las facultades del mismo.
Dicha fracción apunta que CyP puede “generar, operar y administrar unidades de servicios que permitan obtener recursos para su autofinanciamiento”; esto podría implicar que los contratos firmados con las empresas para la instalación de estas franquicias previo a la publicadión de esta reforma podrían carecer de sustento legal.
En números rojos
Al aspecto legal se suma una serie de cuestiones financieras relacionadas con las unidades de servicio que podrían poner en evidencia su poca efectividad para la generación de recursos.
Aunque la información ha sido negada por los canales de transparencia, dentro de la cuenta pública de CyP correspondiente al ejercicio fiscal 2014 se presentan algunas cifras que valen la pena ser señaladas.
Por ejemplo, se indica que durante ese año se dio “la adquisición de 9 unidades de servicio por la cantidad de 22 millones de pesos para los diferentes espacios inmobiliarios adscritos al organismo”; esto implica que en promedio cada franquicia que entró en operación durante 2014 costó 2.4 millones de pesos.
Por otra parte, en la sección relacionada con los activos del organismo, se indica que cada unidad de servicio cuenta con un fondo fijo, es decir recursos disponibles para inversión resultantes de sus ganancias.
Al cierre de 2014 sólo se encontraban en operación nueve franquicias, las cuales en conjunto reunían un fondo fijo de 33 mil pesos, siendo los carritos de Cemitas El Carmen, Pastalicious y Emiliano’s -ubicados en la explanada del Centro Expositor-, así como el Coffee York del Parque Lineal los que menos recursos tenían, con dos mil pesos cada uno.
Pese a que los recursos propios son mínimos, la inyección de recursos públicos a estos negocios ha sido significativa, por lo menos durante el año pasado.
De acuerdo con el reporte de egresos del organismo, en 2014 se realizaron transferencias a las unidades de servicio en la modalidad de franquicias por el orden de los 30 millones 654 mil pesos, aproximadamente.
Si bien la mayor transferencia fue al 100% Natural ubicado en el Parque del Arte, establecimiento que recibió 7.8 millones de pesos durante el año, fue la marca Coffee York la más beneficiada con estos apoyos estatales.
Esto pues entre los establecimientos ubicados en la zona de los Fuertes y el del Parque Lineal se destinaron 11 millones 240 mil pesos para estos negocios.
Esto contrasta con lo que respondió CyP a la solicitud de información 00228115, en la cual se preguntaba para qué se empleaban los recursos generados por estos negocios, ante lo cual describió que estos “se emplean para el pago de los servicios que utiliza cada una, para el pago de los salarios del personal que labora en ellas, para la adquisición de materiales y herramientas necesarias que se utilizan en las unidades de servicio, así como para el mantenimiento de la zona donde se encuentran dichas unidades y especialmente para cumplir con el objeto del organismo público descentralizado”.
El fideicomiso
El 16 de diciembre de 2013 fue la primera vez que el gobernador Rafael Moreno Valle refirió la existencia de las franquicias operadas por parte de la administración estatal, lo cual resaltó como un modelo de negocio para generar recursos para el mantenimiento de los parques y áreas verdes propiedad del ejecutivo estatal.
Esto lo señaló durante una entrevista otorgada después de un acto oficial, en donde además apuntó que los recursos de las franquicias se invertían en un fideicomiso creado de manera expresa para este fin.
Sin embargo, dicho fideicomiso entró en operaciones hasta el 4 de noviembre de 2014, es decir casi un año después de la declaración del mandatario poblano.
Esto se indica en la cuenta pública de CyP, donde se hace alusión a que en dicha fecha se firmó un contrato de creación de un fideicomiso con Banco del Bajío, el cual tenía un fondo indicial de 4 mil pesos invertidos por los fideicomitentes, es decir el organismo público descentralizado.
Así quedó asentado bajo el número de registro 16237-06-20 el “Fideicomiso para la Conservación de Parques a Cargo del Gobierno del Estado de Puebla”, con el número de cuenta de cheques 122499830201.
Sin embargo, esto deja en duda el destino de los recursos generados durante los primeros dos años de operación de las franquicias, si el fondo al que iban destinados fue abierto hace a penas un año.
Puebla, caso único a nivel nacional
Otro aspecto relevante es el hecho de que ningún otro gobierno estatal ni el federal ha recurrido a este tipo de negocios para la generación de recursos.
Para confirmar este dato, se enviaron solicitudes de información a diferentes áreas de las administraciones estatales y a dependencias del gobierno federal, las cuales fueron respondidas en un mismo sentido: no se tienen registros de la operación de negocios por parte de las entidades de gobierno.
Hubo casos, en los que las respuestas proporcionadas hacían alusión al por qué no se tenían estas unidades de negocio, como fue el caso de Durango, Chihuahua, Veracruz y San Luis Potosí, los cuales argumentaron no tener facultades legales para hacer este tipo de contratos.
Entre las respuestas que vale la pena citar está la que dio el gobierno del Oaxaca, el cual señaló que no se tenía conocimiento de este tipo de convenios “en razón de que la Ley para Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca no regula esta materia”.
También el gobierno de Guerrero fue puntual al responder que “el gobierno del estado no adquiere franquicias de restaurantes, cafeterías o establecimientos similares, son personas físicas, únicamente la Secretaría de Finanzas es la encargada de cobrar impuestos (sic)”.
Algo similar apuntó el gobierno de Baja California, al referir que la administración no compra los derechos de estos negocios, sino que tiene programas de apoyo para que empresarios compren franquicias y así se genere desarrollo económico, pero no de manera directa el gobierno estatal.
NUMERALÍA
- Aproximadamente 50 solicitudes de información
- 5 meses de investigación
- 1 recursos de revisión ante la CAIP
- 5 documentos oficiales bajados del portal de transparencia
- 32 estados consultados
- 4 dependencias del gobierno federal cuestionadas
