Por: Valentín Varillas
Si con la denuncia por supuesto daño moral en contra del periodista Alejandro Mondragón la empresa Prosfer intentó desmarcarse de personajes poderosos de la cúpula política poblana, en la forma en la cual se llevó a cabo el proceso legal mediante el cual un juez poblano dictó sentencia, quedaron demostradas sus fuertes ligas.
Únicamente quienes gozan de una influencia ilimitada sobre las instituciones del estado son capaces de orquestar un concierto de complicidades de tal magnitud y pervertir de origen a las instancias de procuración y administración de justicia para operar una vulgar vendetta.
Las irregularidades en el proceso, fomentadas y toleradas por quienes tendrían que poner el ejemplo en términos de respeto a la ley y aplicación del estado de derecho, fueron de antología.
Desde la utilización de testigos falsos hasta las notificaciones a domicilios y direcciones ajenas a las del demandado, pasando por la negativa absoluta por parte del personal adscrito al juzgado segundo especializado en materia civil de permitirle a la defensa legal del “acusado” el legítimo derecho de tener acceso al expediente.
La cereza del pastel la puso la juez María del Rosario Sánchez Aguilera, a quien “desde muy alto” le ordenan dictar sentencia condenatoria a pesar de semejantes irregularidades.
Por cierto, poco después de emitir dicha sentencia, esta mujer fue “rotada” y enviada al juzgado civil de Atlixco.
Como es evidente, en este caso se utilizó la misma estrategia que se ha llevado a cabo con otros personajes que han sido etiquetados unilateralmente como “enemigos del régimen” y que a pesar de haber ganado sendos amparos ante la justicia federal, siguen en la cárcel.
Afectar el patrimonio personal o perder la libertad a través de la más descarada prostitución de las instituciones del estado, violando sistemáticamente derechos constitucionales, se ha convertido en el sello particular de este gobierno.
La molestia generada en la cúpula política poblana por la columna de Mondragón es comprensible:
Acostumbrados a la más absoluta impunidad, a personajes como Marcelo García Almaguer o a Ángel Trauwitz Echeguren -directamente implicados en este tema- les parece un crimen el hecho de que un periodista cuestione el otorgamiento de contratos millonarios por parte del gobierno del estado para “manejar y promover su imagen” a una empresa constituida apenas 16 días del inicio de la actual administración.
En su lógica, tampoco resulta extraño que a Prosfer se le hayan dado todas las facilidades para la utilización de aeronaves oficiales para el desempeño de su trabajo.
Mucho menos les parecerá sospechoso el que la empresa haya desaparecido prácticamente un día después de la publicación:
Abandonaron su domicilio fiscal y el comercial, además de que bajaron cualquier tipo de publicidad en internet y redes sociales.
El tema dista mucho de considerarse como terminado.
Lograr el amparo de la justicia federal para impedir la ejecución de la sentencia dictada por la juez poblana era el primer paso.
Sigue ahora demostrar, con toda contundencia, que no existió ningún indicio de daño moral en la investigación periodística realizada por Mondragón.
Y es que, lo que pierden de vista sus acusadores es el hecho de que el periodista se basó en documentos públicos e información que la misma empresa utilizó para publicitarse en distintos medios.
Seguramente, en este nuevo reto legal, aparecerán irregularidades legales y de procedimiento similares o incluso mayores.
Son las consecuencias de vivir en este sui-géneris estado de derecho, producto de un estilo muy particular de gobernar; estilo que, por cierto, se quiere extrapolar a todo el país en el 2018.
¿Se imagina?
